Dalal Karime Dager Nieto presentó una demanda en contra de la Contraloría con el objetivo de lograr la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa por no respetarse el “principio de mérito y la equidad de género en el proceso de elección del contralor general de la República”, además de desconocerse los requisitos establecidos para el cargo por parte de algunos de los seleccionados en la lista definitiva de elegibles.
Por esto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió abrir un incidente de desacato contra la Comisión Accidental del Congreso de la República, que reformó la lista de 10 finalistas para el cargo del contralor general.
Y es que, aunque la Comisión Accidental conformó una nueva lista, en la que incluyó a tres mujeres, luego de una medida cautelar emitida por el tribunal, la demandante envió un escrito en el que no estaba de acuerdo con otros aspectos, como los puntajes y la calificación de quienes hicieron la lista de elegibles.
Así también la decisión de incidente de desacato del tribunal pidió que se le ordene al Congreso de la República que acate de forma completa la orden cautelar, es decir, respetando “(...) los puntajes definidos por la UIS que demostraban las altas calidades de los profesionales y escoger el número de mujeres que conformarían la lista acorde con los mayores puntajes obtenidos”.
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De igual manera, señala que el tribunal debe aclarar el orden en que se debe rehacer la lista a fin de que se cumplan los criterios del mérito y la medida cautelar impartida, pues al momento de elegir los nuevos integrantes de la lista la Comisión Accidental reevaluó los criterios de experiencia y conocimiento ya examinados por parte de la Universidad Industrial de Santander y determinó una regla que no estaba en las normas que rigen el proceso, y fue la de ponderar estos dos valores y el resultado determinaría un “nuevo puntaje”, afectando a dos candidatos: Julio César Cárdenas Uribe y Juan Carlos Guardón.
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Por lo que, finalmente, el tribunal resolvió abrir un incidente de desacato en atención a la solicitud de la demandante en contra de la Comisión Accidental del Congreso de la República.
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