Ley de orden público y paz total pasa sanción presidencial

Durante la sesión plenaria de este jueves y pocos minutos después de que se aprobara la reforma tributaria, la Cámara de Representantes aprobó con 128 votos a favor y siete en contra, el informe de conciliación del proyecto de ley que prorroga la ley de orden público de 1997, establece la política de paz del Estado y faculta al Gobierno nacional para que avance en su estrategia de paz total.

“Hoy, precisamente, haber conciliado ya en Senado y hoy en la Cámara, dejando listo para sanción presidencial la paz total como política de Estado que vinculan los gobiernos pasados y futuros a la implementación de los compromisos de Estado con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia, nos imponen el reto de trabajar con las nuevas figuras, figuras de la talla de las regiones de paz, de los comisionados de Paz regionales que reconocen que Colombia es un país de regiones y que la paz total se arma desde allá”, precisó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Por ello, se creará una comisión de alto nivel para calificar cuál es el tipo de organización, si se toma la vía del diálogo político o del sometimiento o acogimiento. Dicha instancia permitirá estudiar la estructura jurídica constitucional que podrá allanar el camino de las conversaciones y negociaciones.

La Ley 418 de Paz Total, establecerá las “regiones de paz” para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la fuerza pública.

Asimismo, se da paso al gabinete de paz, instancia del alto Gobierno integrado por los ministerios y demás entes que aportarán a definir la política pública y demás iniciativas concernientes a la paz. Participarán en las sesiones del gabinete de paz los representantes autorizados para adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la ley, así como los integrantes de las comisiones de paz del Congreso.

Se crean la Regiones de Paz con Comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar. Allí, la articulación de autoridades y gestores de paz, ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte.

Uno de los temas relevantes es que se contempla el servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio para que los jóvenes decidan qué tipo de servicio quieren prestarle al país en ámbitos sociales, ambientales, rurales, tecnológicos, entre otros. De esta manera, se busca aportarle al país con un servicio que aporte al crecimiento económico, sostenible, incluyente y equitativo de todos y todas los colombianos y colombianas. Además, el servicio social servirá de experiencia y formación de competencias para el primer empleo.

El proyecto pasa ahora sanción del presidente de la República, Gustavo Petro, y a control por parte de la Corte Constitucional.