La decisión se produjo al fallar varias tutelas que estaban en revisión en el alto tribunal interpuestas por ex combatientes de Guaviare y Nariño, quienes argumentaron que sus vidas corren peligro y las medidas del Gobierno han sido insuficientes por la amenaza en que viven de grupos armados. La decisión obliga al gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar su seguridad.
La ponencia de la magistrada Cristina Pardo fue acogida por 5 magistrados y cuatro estuvieron en desacuerdo de declarar el estado de cosas inconstitucional.
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La determinación mayoritaria de la Corte establece la creación de una sala especial de seguimiento, similar a la que ha creado este alto tribunal en el tema de desplazamiento y del problema penitenciario, que verificará las órdenes dadas al gobierno para la protección de los excombatientes y dicha sala deberá verificar junto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría un seguimiento a las instrucciones de la Corte.
Las tutelas estudiadas por la Corte fueron encabezadas por Nubia Amparo Ortega Arcos y otros excombatientes que habitan en Tumaco y Cumbal (Nariño) y Guaviare contra la Presidencia de la República, el Ministerio del interior, la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
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