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Fedesoft denuncia riesgo de monopolio por artículo en Código Electoral

Además, según Fedesoft, se violaría los derechos de los ciudadanos colombianos sobre sus datos personales y el uso que se les dará.

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Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft
Foto: Fedesoft

El artículo 37 del proyecto de ley 111 de 2022 que establece el Código del Registro Civil, identificación de las personas y el proceso electoral en Colombia, está generando controversia en el sector de TI.

Este artículo otorga a la Registraduría Nacional del Estado Civil la responsabilidad de la identificación digital y autenticación de los colombianos, incluyendo la biometría y otros sistemas de autenticación.

La Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas (Fedesoft) argumenta que esto crearía un monopolio en la autenticación y excluiría a los diferentes proveedores de sistemas de autenticación. También violaría los derechos de los ciudadanos colombianos sobre sus datos personales y el uso que se les dará.

Fedesoft propone definir claramente la "autenticación" como una actividad distinta a la "identificación" y establecer que la Registraduría no es la única entidad que puede autenticar en Colombia. También sugiere un mandato de acceso a las bases de datos de la Registraduría para particulares que cumplan con los requisitos y una norma que reafirme la libertad de los particulares para emplear distintos sistemas de autenticación para sus propios fines.

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“Es por eso que desde el gremio proponemos considerar la importancia de analizar la redacción del artículo 37, debido a los vacíos y problemas de interpretación que podría acarrear el proyecto de ley, y que estamos identificando con anticipación, sobre todo, cuando no es claro frente al ámbito de aplicación de las facultades entregadas a la Registraduría y no contempla una exclusión de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales”, afirmó Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft.

El gremio también hizo llamado de atención frente a las decisiones que se están tomando desde el Gobierno y el Congreso de la República sobre el tema, teniendo en cuenta que son decisiones que involucran de manera directa no solo a los sectores de TI, sino también a los ciudadanos colombianos y sus derechos sobre sus datos personales.

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