La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar al exsenador Ciro Ramírez
. De acuerdo con los alegatos finales presentados ante la Corte Suprema de Justicia, Cortes habría influido en la celebración del contrato No. 670 de 2021 entre el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa estatal Proyecta, por un valor de $48.660 millones de pesos.
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Según la investigación, este acuerdo tenía como objetivo favorecer a aliados políticos y empresarios cercanos al excongresista en varias regiones del país.
En el documento de 33 páginas, el Ministerio Público señaló que “la finalidad del entonces senador en la gestión del contrato en cuestión no estaba dirigida al servicio de los intereses de la población beneficiaria con las obras, por el contrario, quedó en evidencia un interés notoriamente indebido que se cristalizó desde la etapa inicial (reuniones con el entonces director del -DPS-, gerente y asesor de -Proyecta-, y, contratistas) y hasta el momento en que pretendía un finpolítico-electoral y económico con la contratación”.
El exsenador enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La Procuraduría sostiene que Ramírez Cortés manipuló la asignación de contratos derivados del acuerdo con el DPS
para beneficiar a empresarios específicos en Tolima y Quindío, a cambio de apoyo electoral en los comicios de 2022.
Entre las pruebas presentadas, se incluyen mensajes de texto, registros de reuniones, interceptaciones telefónicas y testimonios de exfuncionarios que aseguran haber participado en reuniones donde se acordó el direccionamiento de contratos a empresas específicas.
Uno de los testigos clave, Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta, afirmó que los contratos de obra fueron direccionados a grupos empresariales cercanos a Ramírez Cortés, con el propósito de asegurar su apoyo electoral.