La Corte Constitucional avaló la ley estatutaria contra la violencia hacia las mujeres en la política, la cual busca hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles del Estado. Esta ley nació con el fin de llenar un vacío ante la vulnerabilidad de muchas mujeres para llegar a alcaldías, gobernaciones e incluso a la Presidencia de la República.
La Corte encontró que esta disposición es compatible con la Constitución en la medida que materializa la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y estereotipos de género, así como el deber del Estado de remover todas las formas de discriminación que afectan el ejercicio de sus derechos fundamentales.
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Cabe señalar que, de todas formas, se hicieron algunos condicionamientos a su constitucionalidad, ya que se estableció que los datos que entreguen las mujeres que denuncien hechos violentos deben ser protegidos por las autoridades.
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Asimismo, el alto tribunal avaló la prohibición de la propaganda que incite a la violencia por razones de género contra las mujeres que participen en la vida pública y la política nacional; las medidas de prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de violencia política de género; y las disposiciones contenidas en diversos artículos del proyecto que prevén el deber de registrar y reportar casos de violencia contra las mujeres en la política.
Esta norma deberá ser remitida al presidente de la República para su firma y entrada en vigor, ya que se trata de una ley estatutaria que requería el control previo de la Corte Constitucional.
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