El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) , Álvaro Hernán Prada, advirtió que las elecciones programadas para 2026 en Colombia están en riesgo debido al recorte del 56,75% en el presupuesto asignado a la entidad para 2025. En una entrevista con Mañanas Blu, Prada denunció que la reducción de $600.000 millones afecta directamente la organización y supervisión de los procesos electorales previstos, comprometiendo la democracia en el país.
El impacto del recorte presupuestal
De acuerdo con Prada, este ajuste financiero no es solo un “aplazamiento” del presupuesto, como lo ha denominado el Gobierno Nacional, sino una medida que impide garantizar las funciones del CNE.
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"Este recorte equivale a la totalidad del presupuesto destinado al componente electoral", explicó. Entre las actividades que quedarían afectadas se encuentran las elecciones atípicas programadas para 2025, como la del gobernador del Putumayo y la alcaldía de Puerto Guzmán, así como los preparativos para los comicios legislativos y presidenciales de 2026.
El presidente del CNE subrayó que la entidad, al haber ganado autonomía presupuestal y administrativa en los últimos años, asume ahora directamente funciones críticas para la transparencia electoral. Estas incluyen la contratación de auditorías externas, la supervisión de los escrutinios, la implementación de plataformas digitales y la capacitación de testigos electorales. “Es una operación que no puede improvisarse. Sin los recursos adecuados, no podríamos garantizar la legitimidad de las elecciones ni cumplir con nuestras funciones constitucionales”, afirmó.
¿Quién asume la responsabilidad?
El presidente Gustavo Petro, a través de un trino, aseguró que el recorte no debería afectar las elecciones, argumentando que el presupuesto electoral principal está bajo la gestión de la Registraduría Nacional. Sin embargo, Prada aclaró que, aunque la Registraduría se encarga de la logística electoral, es el CNE quien supervisa, audita y valida los resultados.
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“La Registraduría opera hasta las 4:00 p. m. el día de las elecciones, pero de ahí en adelante, todo el proceso de escrutinio y auditoría es responsabilidad nuestra. Sin los $600.000 millones que nos están quitando, no podríamos siquiera declarar los resultados oficiales”, enfatizó.
Además, Prada señaló que la falta de explicación clara por parte del Gobierno agrava la incertidumbre. "No hemos recibido ningún comunicado formal que justifique esta decisión ni que garantice una solución a tiempo. Necesitamos estabilidad presupuestal para planificar adecuadamente las elecciones", afirmó.
"Los riesgos para la democracia"
El impacto del recorte presupuestal no solo afecta la organización de las elecciones, sino que pone en entredicho la confianza en el sistema electoral colombiano, según dijo.
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“Para garantizar elecciones transparentes, necesitamos auditar cada etapa del proceso, implementar medidas de ciberseguridad y asegurar la participación de testigos electorales en las 115.000 mesas que se instalarán en todo el país”, explicó Prada.
El presidente del CNE también advirtió sobre los riesgos de retrasar la planeación: “Los procesos contractuales deben iniciarse con antelación, y esto solo es posible si contamos con los recursos necesarios desde el principio”.
El CNE tiene previsto llevar el tema a la Comisión de Seguimiento Electoral, liderada por el Ministerio del Interior, con el objetivo de buscar una solución. Prada insistió en que, aunque las restricciones presupuestales son comprensibles en el contexto económico actual, estas deben aplicarse de manera proporcional entre las distintas entidades.
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"Un recorte del 60% en nuestro caso es desproporcionado y pone en jaque una función esencial para la democracia", declaró.
Un llamado a la acción
En su intervención, Álvaro Hernán Prada reiteró la necesidad de que los organismos de control acompañen el proceso para garantizar que las elecciones no sean vulneradas por falta de recursos.
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"La democracia es un bien público que no puede ser puesto en riesgo por decisiones financieras mal planificadas. Estamos hablando de los derechos políticos de más de 50 millones de colombianos", concluyó.
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