La revocatoria del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, llegó a su punto final en el Consejo Nacional Electoral, que decidió enterrar definitivamente el proceso al encontrar irregularidades en las cuentas presentadas por el comité promotor de esa iniciativa ciudadana.
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Tras meses de discusión e investigaciones, finalmente el CNE acogió la ponencia del magistrado Emiliano Rivera, quien encontró que se violaron los topes de financiación al no reportar aportes de Sintrateléfonos, sindicato de la ETB, y del Polo Democrático.
Blu Radio conoció en primicia detalles de la decisión de 129 folios con la cual se compulsan copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Gustavo Merchán, vocero del comité ‘Unidos Revocamos al Alcalde Mayor de Bogotá’ y a la contadora Flor María Hernández Castro, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en documentos públicos.
Además, la autoridad electoral sancionó a Merchán con el pago de $26’577.285 al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, por no incluir en los estados contables los aportes en especie que cada persona natural o jurídica realizó.
Más allá de estas decisiones, la estocada final a la revocatoria se produce porque, al configurarse dichas irregularidades, no se podrá expedir el certificado de cuentas, requisito obligatorio para convocar a los ciudadanos a las urnas, tras el aval a las firmas presentadas.
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Investigación formal al Polo Democrático:
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Adicionalmente, el CNE investigará al Polo Democrático Alternativo por, presuntamente, destinar recursos de los gastos de funcionamiento para financiar la iniciativa, algo que está prohibido por la ley. “Como se evidencia estos aportes como DONACIONES presentan inconsistencias en sus diligenciamientos y omisiones por parte de un partido político”, dice la resolución.
En mayo pasado, Blu Radio relevó la existencia de soportes que evidenciarían que, tanto los $3’000.000 reportados en Cuentas Claras como aporte a la revocatoria, así como $1’600.000 de donación en fotocopias, habrían salido de los gastos de funcionamiento y no de recursos privados, como establece la ley.
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Sobre el aporte de tres millones, el CNE tiene información conforme a la cual éste habría salido de un crédito adquirido con una entidad financiera que posteriormente fue pagado con los recursos que giró el Estado al partido.
En la decisión también se compulsan copias al Ministerio del Trabajo para que adelante las investigaciones correspondientes a Merchán Franco y a la Junta Directiva de Sintrateléfonos.
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