Un grupo de funcionarias se tomaron los baños del Capitolio Nacional dejando fuertes mensajes de protesta debido a que sus denuncias de acoso y abuso sexual al interior del Congreso no han sido escuchadas ni atendidas con el protocolo establecido, señalan como "letra muerta" los mecanismos para tender la violencia de género.
El caso principal se remonta a diciembre de 2024, cuando Tania Acero, trabajadora de la institución, denunció a Juan Camilo Díaz, con quien según ella, tuvo una relación intermitente entre 2018 y 2019, por presuntamente agresión sexual .
La mujer denunció que sufrió acoso laboral , persecución en su vida personal y profesional, manipulación emocional, amenazas y control sobre su entorno. Debido a esta situación, en enero de 2024 decidió no renovar su contrato de trabajo por temor y afectación emocional.
Sufrí acoso laboral por parte de él, donde casi a diario me buscaba para decirme que mi trabajo era una mierda, que no me vistiera como me visto, que soy una pésima profesional, que solamente estaba donde estaba por él, me encerró en varias ocasiones en las oficinas
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A pesar de la denuncia, el contrato del hombre fue renovado como fotógrafo oficial de la Cámara de Representantes.
¿Qué dice el protocolo para atender violencias de género?
Las Mesas Directivas del Senado y la Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer presentaron hace más de dos años un protocolo integral diseñado para la prevención y orientación institucional frente a la violencia sexual
en el ámbito laboral y contractual dentro del Congreso de la República, que aborda puntos clave como:
- Reconocimiento del hecho: se busca que los funcionarios y contratistas puedan identificar casos de acoso y conocer los mecanismos de denuncia.
- Contacto con el canal de denuncia: la víctima puede escribir a los correos oficiales del Senado o la Cámara para activar el protocolo.
- Activación de la ruta de orientación: un equipo especializado ofrece acompañamiento psicológico, asesoría legal y orientación sobre derechos y mecanismos externos de denuncia.
- Garantías y medidas de protección: incluyen cambios de dependencia, apoyo psicológico y prevención de represalias.
- Medidas internas: pueden aplicarse sanciones como la terminación de contratos o restricciones de ingreso.
- Seguimiento y cierre: se brinda acompañamiento continuo y se evalúa la efectividad de las medidas para garantizar la no repetición.
Sin embargo, las mujeres denuncian que el documento está lleno de vacíos y falencias que impiden su correcta aplicación, ya que según ellas, no define con claridad las competencias institucionales, dejando a las víctimas en incertidumbre.
Según las denunciantes, el caso de Acero es un claro ejemplo de la inoperancia de este mecanismo, y ese es solo una de las muchas historias que reflejan la falta de compromiso institucional para atender la violencia de género dentro del Congreso.
La ruta de atención se quedó en el papel. Desde que denuncié en diciembre de 2024, sólo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido ningún acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito
A pesar de convocar diversas organizaciones feministas como La Casa de la Mujer, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Fundación GAAT, Extituto de Política Abierta, Caribe Afirmativo y Manifiesta, para la construcción del protocolo, las mujeres han señalado que sus recomendaciones fueron ignoradas.
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Por eso, cinco funcionarias de distintas oficinas parlamentarias alzaron su voz en protesta: Tania Acero, Sandra Vega, Paulina Beltrán, Mónica Acosta, Estefanía Villamizar, y Mónica Acosta.
“No hay evidencia de que las capacitaciones hayan cambiado la cultura institucional ni de que los congresistas, como empleadores directos, hayan sido capacitados”, señalaron las denunciantes. Como resultado, el miedo a denunciar sigue latente ante posibles represalias.
Incluso, la senadora y presidenta de la Comisión de la Mujer, Lorena Ríos, reconoció que el protocolo tiene “inconsistencias en trámites y competencias”, lo que obstaculiza su aplicación. A pesar de haber alertado sobre estos problemas ante las oficinas administrativas del Congreso, hasta el momento solo se ha anunciado un “proceso de análisis", y las mujeres siguen sintiéndose desprotegidas.
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