Finalizó la visita de tres días de la delegación de congresistas de nueve partidos colombianos a Washington D. C. , en el marco de la Comisión de Amistad Interparlamentaria para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. La última parte del viaje fue a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , donde, a través de su presidente, José Luis Caballero Ochoa, se presentaron tres documentos con quejas, denuncias y solicitudes de amparo y medidas cautelares para proteger la libertad política, la opinión religiosa y el respeto a la democracia.
Esto, frente a lo que han considerado una serie de ataques y amenazas por parte del presidente Gustavo Petro en su contra, contra la Comisión Séptima y contra el Poder Legislativo. El primer documento fue presentado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y la senadora Lorena Ríos (Colombia Justa y Libre), solicitando el amparo de los derechos políticos, de libertad de conciencia y religiosa, y a la integridad personal, en relación con la obligación de respeto consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Hacemos entonces un llamado al respeto en el ejercicio democrático, que sean tenidas en cuenta las opiniones diversas y que podamos, si es posible, tener concertación; y si no se puede, que eso no implique una amenaza de ruptura democrática”, señaló Cepeda.
El segundo documento fue presentado por los ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado que votaron por el archivo de la reforma laboral (Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos, Ana Paola Agudelo, Nadia Blel, Esperanza Andrade y Berenice Bedoya), solicitando la adopción de medidas cautelares a favor de los senadores debido a la situación de extrema gravedad y urgencia que enfrentan en su vida y seguridad.
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En la solicitud de medidas cautelares se destacan peticiones como que el presidente “se abstenga de utilizar sus redes sociales para incitar al odio, la violencia, el matoneo, el bullying y ataques mediáticos, escarnio público e instigación en contra de los miembros del Congreso”; “se ordene al Estado colombiano brindar especial protección a los miembros del Congreso, especialmente de la Comisión Séptima”; y “conformar una comisión internacional veedora y especial de seguimiento del trámite legislativo que surten los proyectos de ley liderados por el Gobierno Nacional ante el Congreso”, entre otros.
El tercer documento fue radicado por el Partido Cambio Radical a través de sus delegados en el viaje, los congresistas Carlos Abraham Jiménez y Carolina Arbeláez, y se trata de una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro por “persecución política, incitación al odio y la grave afectación de derechos fundamentales de esta colectividad”.
Para Cambio Radical, las herramientas judiciales nacionales no han sido suficientes para controlar los ataques desaforados del mandatario, ya que el presidente pretende desobedecer las órdenes judiciales, afectando el Estado social de derecho y la separación de poderes.
“Desde mayo de 2024 hasta la fecha, se cuentan más de 30 menciones lesivas y perjudiciales del presidente Gustavo Petro en contra de Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras y su familia, realizadas a través de la red social X, alocuciones y discursos públicos, lo que derivó en una serie de tutelas falladas a favor y que Petro insiste en desconocer”, señaló el partido en un comunicado.
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El partido también denunció ante la CIDH la crisis humanitaria y el deterioro del sistema de salud en Colombia, la escasez de medicamentos y la falta de atención a miles de pacientes con enfermedades crónicas. La situación se agrava porque el Gobierno se niega a girar los recursos del sistema de forma deliberada para asfixiar a las EPS, que hoy están intervenidas y administradas por el Gobierno.
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