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En la noche de este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su tercer debate el proyecto de acto legislativo que establece una reforma política. Durante casi once horas, los 41 integrantes de la comisión debatieron aspectos como la democratización de los partidos, la financiación de campañas, la conformación de listas para elecciones de corporaciones públicas, entre otros.
El principal punto polémico aprobado por los congresistas fue la reintroducción en la norma del artículo que quita facultades a la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, considerando que este papel solo lo podría cumplir un juez de la República mediante sentencia judicial. Según Heráclito Landinez, coordinador ponente del proyecto, este artículo busca “armonizar la Constitución política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos políticos”.
Los congresistas también aprobaron la reducción de la edad mínima establecida por la Constitución para ser senador (30 años) y representantes (25 años). De entrar en vigor la reforma, los jóvenes mayores de 25 años podrán ser candidatos y ser elegidos congresistas de ambas cámaras.
Frente a la financiación de las campañas, candidatos y partidos, también se aprobaron cambios, especialmente la eliminación de la posibilidad de que para este financiamiento reciban aportes privados. Es decir, el financiamiento será totalmente estatal. Así mismo, se aprobaron varios artículos como la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros sin incurrir en inhabilidades e incompatibilidades; el transfuguismo político se aplicaría por un periodo de dos meses después de la entrada en vigencia de la reforma, se limita hasta por tres periodos la posibilidad de reelección de los funcionarios que integran las corporaciones públicas (Congreso, Asambleas y Concejos); así como el establecimiento de listas cerradas desde las próxima elección.
Artículos que habían sido incluidos en la ponencia como la segunda vuelta para alcaldes y gobernadores, el voto obligatorio, la delimitación de las candidaturas a las circunscripciones de paz, la reducción del número mínimo de ediles de las localidades y las modificaciones al estatuto de oposición para que en el caso de que el voto en blanco quedase en segundo lugar el tercero en votación asumiera la curul de la oposición fueron negados por la corporación.
El proyecto entra ahora a su cuarto debate en la Plenaria de la Cámara, el cual deberá surtirse antes del 16 de diciembre, para que pueda pasar su primera vuelta y reinicie su discusión en marzo de 2023.
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