El magistrado Renato Contreras, del Consejo Nacional Electoral, CNE, dijo que la investigación abierta contra Gustavo Petro por presunta financiación irregular de la campaña a la Presidencia de 2018 se debió al ingreso irregular de dineros, donados por funcionarios públicos.
“Esta decisión tiene su origen en una denuncia que el 5 de junio de 2018 la Superintendencia de Sociedades nos remitió, debido a que un ciudadano presentó una denuncia en relación con un presunto financiamiento de la campaña”, dijo.
Agregó que, en el transcurso de una indagación preliminar, se realizaron una serie de pruebas encaminadas a determinar si el grupo empresarial Monomeros, propiedad en su mayoría del gobierno venezolano, a través de PDVSA, había hecho algún aporte.
Tras una inspección en la sede de la empresa de Barranquilla y la revisión de la contabilidad, según relató, no se evidenció aporte alguno.
Sin embargo, según dijo Contreras, se encontró que cinco de los aportantes de la campaña eran servidores públicos, tres de los cuales ejercían sus funciones como funcionarios en el momento de la campaña.
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“De las tres personas, dos son docentes y una funcionaria de la Contraloría General de la República. Al momento de hacer la donación eran funcionarios públicos y esa conducta se enmarca en lo que la Ley 1475 denomina financiación prohibida de las campañas electorales”, agregó.
A la pregunta sobre cuánto dinero donaron estas personas a la campaña de Petro, el magistrado respondió que los dineros habrían sido donados de la siguiente manera:
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-Otra persona 120.000 pesos
- Otra persona 150.000
Vea aquí: Investigación del CNE a Petro por aporte de $ 365.000: opinión de Ricardo Ospina
“Aquí lo que calificamos es el origen de esos recursos por provenir de personas que desempeñan funciones públicas en el momento de la donación”, dijo.
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Escuche las declaraciones del magistrado en mañanas BLU: