A poco más de ocho meses de las elecciones regionales, las autoridades comienzan a lanzar advertencias ante la posibilidad de que el recrudecimiento de la violencia termine afectando el normal desarrollo de esa jornada democrática.
Tres de las instituciones responsables del normal desarrollo de las elecciones para alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, decidieron enviar una comunicación formal tanto al presidente Gustavo Petro como a los ministros de Defensa y del Interior, para que convoquen de manera “urgente e inmediata”, a la Subcomisión de Orden Público para hacer seguimiento al Plan Nacional de Garantías y al Plan Democracia.
La decisión de la Procuradora Margarita Cabello, del Registrador Alexander Vega y del presidente de la Federación de Departamentos, el gobernador de Quindío, de enviar la carta al Presidente Gustavo Petro no es gratuita, pues surgió luego de escuchar a varios gobernadores reunidos en Quindío, en donde coincidieron en denunciar el deterioro generalizado del orden público en los territorios.
Los gobernadores incluso llegaron a comparar la situación actual de alteraciones del orden público con las que afrontaba el país en 2002, con una guerrilla en expansión tras el fracaso del proceso del Caguán con las Farc y con los paramilitares fortaleciéndose, cometiendo masacres y todo tipo de crímenes supuestamente para combatir a los guerrilleros.
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La verdad es que hoy la situación de orden público en el país se ha venido deteriorando porque los supuestos ceses del fuego no han funcionado ni con las disidencias ni con los grupos de narcotraficantes, siguen los enfrentamientos entre esos grupos y las comunidades están a merced de los violentos.
En Cauca, Bajo Cauca, Chocó, Córdoba, Sierra Nevada, Catatumbo entre otras regiones, la situación de orden público es delicada, muy relacionada con el aumento de hectáreas de hoja de coca y con el cambio de enfoque de la política antidrogas del gobierno del presidente Petro.
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En Cúcuta, el ministro de Defensa Iván Velásquez, reconoció la preocupante expansión del Clan del Golfo por diferentes regiones del país y lanzó una teoría novedosa y a su vez controvertida: dijo Velásquez que el único medidor para el éxito de la lucha antidrogas no puede ser la erradicación de cultivos de hoja de coca.
Los colombianos no queremos regresar al escenario de caos y de violencia que vivimos en el 2002, cuando era habitual no solamente reseñar masacres y barbarie diaria por la guerra, sino que era habitual el traslado de mesas de votación y la suspensión de elecciones en algunos corregimientos y municipios por amenazas de los grupos violentos. Hay que actuar ya.
Escuche aquí la opinión de Ricardo Ospina:
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