Al recorrer la carretera de Villavicencio a Yopal se ven centenares de carrotanques cargando el petróleo que se mueve en la zona, que entrega, sumada Arauca, el 70% de todo el país. Diez compañías petroleras lo movilizan hasta las distintas estaciones de bombeo a escala nacional –que también cubre en alguna medida a la carretera Bogotá-Villavicencio– por el eje vial concesionado en ambos tramos, hasta el 2044, al grupo financiero más poderoso del país, AVAL, con peajes de alta tarifa cada 60 kilómetros.
Lo que el resto de la población devenga en tal proceso se limita a los consumos de transportistas, operarios y empleados y en contratos con firmas de suministros y servicios complementarios, que no llegan a ser ni 15% del total del ingreso bruto derivado de esa explotación petrolera. Este esquema no es más que fiel réplica de la distribución de valor, del estilo de la de Epulón y Lázaro, en la representación minero-energética del modelo de capital extranjero. Un dato de las inversiones sociales de las empresas petroleras por $185 mil millones en 2014 arroja tan solo $108 mil por habitante de la Orinoquia, escasamente un barril para cada uno al año.
La regalía promedio es de 8 barriles por cada 100 producidos, pero debido a la última reforma introducida –con el ánimo de que “la mermelada se regara por toda la tostada”– a la Orinoquia se le redujo su participación del 47% del total en 2009 a apenas 12% en 2016.
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Los cuatro departamentos que componen la Orinoquia son tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos. Su vasto territorio abarca el 22% de la superficie total de Colombia y está solicitado en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas. Según un estudio del Instituto Von Humboldt, “la zona cuenta con un régimen de lluvias que produce un promedio de 23 mil m3/s, lo que representa el 33,8% de la escorrentía total nacional, estimada en 67.000 m3/s” y la cuenca del petróleo gira en especial en torno al río Meta, en cuyas márgenes está más del 90% del territorio de los departamentos de Casanare y Arauca, por la izquierda, y del departamento del Meta por la derecha, con 15 biomas y 92 ecosistemas.
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En Casanare sobresalen afluentes como los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría, Ariporo, Casanare y Cravo Norte. En Arauca, en dirección al Orinoco, están además el Arauca, Tocoragua, Tame, Ele, Lipa, San Miguel y el conjunto Negro-Cinaruc. Y en el Meta fluyen Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacabía y Guaviare. A este sistema se le extraen cerca de 21 barriles de agua por cada uno de petróleo. El impacto se vio en 2014 con la muerte por sed de miles de animales en Paz de Ariporo, en una sequía que alcanzó niveles por encima de los históricos. Aunque el petróleo no es único responsable y también lo son la producción agropecuaria de arroz y palma y la ganadería, y hay otros factores adicionales, todos se aúnan en la transformación anárquica de sabanas, morichales, esteros y humedales.
Las secuelas enunciadas se conjugaron para que hoy exista en la Orinoquia el más ferviente movimiento social contra la explotación petrolera y el modelo de capital extranjero que encarna, imponiendo a centenares de miles de personas un modo de vida que se resisten a adoptar.
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Siete municipios del Meta, seis del Casanare y todo el departamento de Arauca –20 de 55 en los tres departamentos— han desatado una ola de consultas ciudadanas que se unifican en el desacuerdo común contra actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos.
La contradicción tiende a agravarse tanto porque el Ministerio de Hacienda, de forma autoritaria, ha quitado los recursos para financiar la democracia participativa, obligando a los municipios a asumir los costos, como porque se avizoran nuevos males como el fracking y la acumulación de baldíos para macroproyectos de agricultura a gran escala en baldíos de la Altillanura, a los que ya se están apuntando grandes poderes globales como los emires árabes amigos de Tony Blair, los mismos del oro de Santurbán.
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