Una nueva amenaza contra la Jurisdicción Especial de Paz - JEP, creada tras el acuerdo con las Farc , ha surgido luego de que el Comisionado Otty Patiño planteara la posibilidad de anticipar la culminación del periodo para el cual fue creada esa instancia de justicia transicional.
Patiño dijo en entrevista con El Espectador que en su opinión, prolongar indefinidamente el funcionamiento de un sistema de justicia transicional como la JEP, afecta la administración de la justicia ordinaria y además lanzó críticas en contra de las decisiones de esa jurisdicción, por considerar que amplió su radio de acción y ahora está investigando a mandos medios, cuando según su opinión, solamente tendría que procesar a los máximos responsables de los crímenes más graves.
A esta posición, al menos frente al tema de limitar las competencias de la JEP, se sumó el expresidente Juan Manuel Santos, quien desde Manizales pidió a la Corte Constitucional que ojalá prontamente falle una acción judicial que busca acotar de manera clara, las competencias de la Jurisdicción Especial de Paz, que también viene siendo atacada desde hace meses por parte de los antiguos cabecillas de las Farc, por la misma situación.
El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Roberto Vidal, lamentó la posición del Gobierno en el sentido de plantear el recorte del periodo de la JEP y advirtió que si esa idea se cristaliza, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a operar en Colombia, debido al alto riesgo de impunidad.
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Vidal también hizo una delicada denuncia: advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no le ha girado a la JEP, los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias que deben cumplir los excabecillas de las Farc y los generales y coroneles, todos ellos en proceso de ser condenados a una pena alternativa por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Se necesita un acuerdo de Estado para garantizar que la JEP cumpla su tarea, a la JEP se le deben exigir resultados pronto y al Gobierno se le debe pedir claridad sobre qué tipo de tribunal de cierre está pensando para beneficiar al ELN y a las disidencias en caso de que avancen los procesos de paz con esos grupos delincuenciales.
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