Uno de los funcionarios con mayor importancia dentro del nuevo gobierno será el comisionado de paz, Danilo Rueda, quien tendrá a su cargo la responsabilidad de sacar adelante negociaciones exitosas con todos los grupos armados ilegales que hay en Colombia.
La tarea no es sencilla, pues tendrá que tener en cuenta diferentes realidades políticas y judiciales y deberá contar con apoyos suficientes en el Congreso para hacer las adecuaciones correspondientes para hacer posibles diversos escenarios de entrega de armas.
El comisionado Rueda, con formación en Derechos Humanos y políticamente ubicado en la izquierda , también tendrá que trabajar muy de la mano con el nuevo canciller Álvaro Leyva para contar con el respaldo de la comunidad internacional.
En su primer mensaje, el nuevo comisionado Danilo Rueda, cuyo nombramiento no cayó muy bien en la oposición, pidió a todos los grupos ilegales que manifiesten su voluntad de paz, al tiempo que les mandó mensajes a las que llamó las tres disidencias de las Farc y al ELN a cumplir los protocolos y a apoyar la implementación del acuerdo de paz.
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En materia penal, integrantes de la bancada del Pacto Histórico preparan un proyecto de ley que se podría llamar de alternatividad penal para el sometimiento de bandas criminales, con el que habría una desmovilización colectiva y una pena de máximo 8 años de cárcel, a cambio de verdad y reparación para las víctimas de sus crímenes.
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El proyecto también contempla la creación de un órgano judicial para facilitar el sometimiento y el juzgamiento de integrantes de grupos de narcos como el Clan del Golfo, entre otros.
Una política de sometimiento y de beneficios para bandas como el Clan del Golfo tiene dos miradas: una, la de los habitantes de las zonas más golpeadas por la arremetida violenta de ese grupo, que muy seguramente apoyarán las decisiones del nuevo gobierno, buscando vivir en paz.
La otra mirada es la de las familias de los 26 policías asesinados por el Clan del Golfo en los últimos días y por parte de quienes, de nuevo, consideran que no debe haber impunidad y que los delincuentes comunes no deberían tener beneficios de penas alternativas.