Hoy, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenará varias pruebas para determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra los senadores Armando Benedetti, Mauricio Gómez Amín, Dayra Galvis y Antonio Zabaraín, en caso de que haya evidencias de un eventual tráfico de influencias.
La indagación preliminar comenzó con base en dos denuncias entabladas por veedurías ciudadanas, que retomaron afirmaciones que se han venido haciendo en voz baja sobre posibles gestiones de congresistas ante la entonces ministra TIC, Karen Abudinen, para que no caducara el contrato con Centros Poblados, obtenido con garantías falsas, pidiéndole supuestamente que lo cediera.
Los congresistas mencionados en la indagación preliminar se defendieron: Armando Benedetti dijo que nunca llamó a Mintic a pedir que no se caducara el contrato, Mauricio Gómez emitió un comunicado diciendo que es víctima de homónimos involucrados en el escándalo, Antonio Zabaraín también negó llamadas a Mintic, mientras hasta ahora no se conoce explicación de la senadora Dayra Galvis.
El exvicepresidente Francisco Santos se sigue defendiendo y dijo que sus llamadas a Karen Abudinen solamente tenían como interés ayudar a que los niños humildes de Colombia tuvieran acceso a internet, sin contraprestación alguna o lobby a favor de la empresa estadounidense HughesNet.
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Mientras esto ocurre, la Fiscalía avanza en otras aristas de la investigación, en particular sobre el posible favorecimiento por parte de funcionarios de Mintic a la Unión Temporal Centros Poblados, para que pudiera ganar la licitación.
En ese turbulento y complejo escenario, asume el Ministerio TIC, Carmen Ligia Valderrama, quien tiene en sus manos definir el futuro de la conectividad para millones de niños en las zonas más apartadas del país.
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