Avanzan las investigaciones de la justicia para esclarecer qué hay detrás de las irregularidades de la licitación y posterior contrato de conectividad entre Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados por 1 billón de pesos, que terminó salpicado por la corrupción.
Luego de las decisiones penales, en donde este viernes se debe decidir si un juez de Barranquilla manda o no a la cárcel a Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde por fraude procesal y falsedad en documento privado, ahora comienza a destaparse el capítulo de los servidores públicos que por acción o por omisión, pudieron facilitar las irregularidades.
Por eso es muy importante explicar el llamado a juicio oral disciplinario contra Adriana Meza, exsecretaria general del Ministerio TIC, la exsubdirectora de Gestión Contractual Sandra Orjuela y el exdirector de infraestructura del Ministerio, Camilo Jiménez Santofimio.
En el caso de Adriana Meza, la Procuraduría critica que haya “ordenado apertura de licitación, adjudicar y celebrar el contrato con UT Centros Poblados con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas, desconociendo principios de economía”.
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Agrega que también permitió modificar las conclusiones, recomendaciones y observaciones que hizo un estructurador contratado en 2019 para la licitación, Telbroad-Profit, sin que se contara con suficientes estudios y análisis técnicos, jurídicos y financieros.
En el caso de Camilo Jiménez Santofimio, la Procuraduría encontró que aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el estructurador contratado, sin sustento alguno.
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En el caso de Sandra Orjuela Méndez, habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar la propuesta de Centros Poblados, pese a que no cumplía con los requisitos, entre otras cosas porque presentó una garantía de seriedad falsificada cuya autenticidad ella debía verificar.
Pero, además de las responsabilidades disciplinarias, lo que viene será un gigantesco terremoto político, en caso de que se concrete la intención de uno de los detenidos, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, que según pudo establecer BLU Radio, se comunicó con altos funcionarios de la Fiscalía para ofrecer plena colaboración con la justicia, entre otras cosas, nombres de reconocidos políticos que habrían recibido pagos para gestionar ante Mintic la posibilidad de que no se caducara el contrato con Centros Poblados, sino que se hiciera una cesión, para evitar la inhabilidad de cinco años para contratar con el Estado. Ojalá el país conozca toda la verdad de este escándalo.
Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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