El presidente Gustavo Petro anunció la presentación de una nueva reforma de gran calado ante el Congreso de la República: esta vez habló de un proyecto de reforma a la justicia, aprovechando la coyuntura del acuerdo alcanzado la semana pasada por Corficolombiana y el Grupo Aval con las autoridades estadounidenses para efectuar el pago de una multa de más de 80 millones de dólares a cambio del archivo de las investigaciones en ese país por corrupción en contra de sus directivos, relacionadas con el pago de sobornos para ser adjudicatarios de proyectos de infraestructura en Colombia con su antiguo socio, Odebrecht.
Petro dijo en Twitter que creará una comisión compuesta por personas “que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de justicia” que según dijo, se encargarán de redactar el proyecto de reforma a la rama judicial, que desde múltiples sectores coinciden en que es necesario y está en mora de hacerse desde hace años y que el Presidente concentra en los siguientes ejes: fortalecimiento, independencia, cercanía con los ciudadanos y lucha anticorrupción.
Pero el trasfondo que pareciera tener la intempestiva propuesta del Presidente, tiene que ver con la próxima elección de fiscal general de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Francisco Barbosa, quien termina su periodo el próximo 14 de febrero.
En su largo mensaje en Twitter, el presidente Petro acusó al exfiscal general Néstor Humberto Martínez de haber favorecido a las cabezas del Grupo Aval con un supuesto encubrimiento judicial que incluye, según Petro, a los que él califica como “sobornados” dentro del escándalo Odebrecht que hoy son “altos dirigentes políticos” y por eso propone tácitamente en la reforma a la justicia, “blindar de hechos de corrupción judicial a la Fiscalía general de la Nación en el futuro”.
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E incluso, el presidente Petro insinuó que supuestamente por el caso Odebrecht y más específicamente por parte de las personas que hasta ahora han salido bien libradas del escándalo, hay una presión para impedir que la Corte Suprema elija Fiscal General de la terna que él presentó hace casi dos semanas de manera sorpresiva, teniendo en cuenta que lo hizo justamente un día después de que su hijo, Nicolás Petro, anunciaba ante la Fiscalía que aceptaba su responsabilidad en enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Colombia tiene ansias de justicia, aunque hay que decir que a pesar de las múltiples críticas y de que en algunas oportunidades se queda corta, ha sido un importante bastión de nuestra democracia, que necesita ser reformada para que sea pronta, cercana a la ciudadanía y con una tasa de impunidad mucho más baja.
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Dicho lo anterior, también es necesario que el país conozca toda la verdad sobre grandes casos de corrupción como Odebrecht y que de manera simultánea, la justicia actúe con prontitud para esclarecer las versiones sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña del Presidente Gustavo Petro en 2022.
Hablando de la viabilidad política de la reforma a la justicia que anuncia el presidente Petro, hoy es prematuro analizar si tendría vocación de salir adelante en el Congreso, aunque hay que decir que sin la recomposición de la coalición de gobierno, se anticipa un difícil panorama en el Legislativo.
Aquí la editorial de Ricardo Ospina:
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