¿Qué tan blindado está el acuerdo con las Farc?

La discusión, muy a la colombiana, se ha ido al detalle jurídico. Pero sin que lo jurídico sea impertinente sí es secundario. Si por “estar blindado” entendemos que el acuerdo goza de cierta certeza, y que son bajas las probabilidades de que una o ambas partes quieran caprichosamente modificarlo o desconocer sus compromisos, solo hay dos cosas que en la práctica producen este tipo de “blindaje”: primero, la irreversibilidad de los efectos del acuerdo, y segundo, la legitimidad política del mismo.

En cuanto al primer criterio, uno podría decir que el acuerdo está relativamente blindado, en cuanto es difícil imaginar que las cosas vuelvan al estado anterior a su firma. Aun cuando no es imposible, no parece muy probable que las Farc, ya desmovilizadas y desintegradas, pudieran reconstituirse como insurgencia armada, y menos aún en la dimensión y capacidad que antes tenían. Insisto, no es imposible: hipotéticamente, ante un incumplimiento o una amenaza grave, los jefes de las Farc podrían decidir volver a la ilegalidad. Pero las probabilidades reales de que ello ocurra parecen ser muy bajas.

El que más preocupa es el segundo criterio, pues para nadie es un misterio que el acuerdo con las Farc ha sufrido, sobre todo, de un gran déficit de aprobación social; es decir, tiene un problema de legitimidad política.

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Yo tiendo a creer que, cuando el presidente Santos concibió esta negociación, observó que ella difería en un punto muy esencial de procesos de paz como los de Irlanda del Norte y Sudáfrica: en Colombia no era necesario reconciliar a dos partes enfrentadas de la sociedad, como los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte, o la mayoría negra y la minoría blanca defensora del apartheid sudafricano. No teníamos una sociedad alineada entre amigos y enemigos de la guerrilla. El proceso con las Farc sería, bajo esta perspectiva, simplemente negociar con una contraparte, y acordar con ella el fin de un enfrentamiento armado.

Dicha interpretación tenía su grado de verdad. Pero un elemento esencial hacía falta en ese cálculo: si bien la sociedad no estaba dividida entre partidarios y enemigos de las Farc, sí estaba (y tal vez está) fuertemente dividida entre partidarios y enemigos de negociar y pactar con las Farc. Un sector de la población colombiana, tal vez bastante grande, creyó y sigue creyendo que el problema de las Farc debió solucionarse por la vía de la fuerza, y que, en caso de haber una negociación, este debía casi asemejar un sometimiento al Estado. Hizo falta, durante todos estos años, reconciliar a este sector con el de quienes aprobaban (yo incluido) la negociación y el acuerdo que resultó de ella.

Y reconciliar a ambos sectores significaba, en resumen, crear legitimidad para la negociación y el acuerdo. Como esta tarea se hizo tan pobremente, Colombia quedó dividida. Y esa brecha emergerá seguramente en las elecciones de 2018, las cuales van a ser, de cierto modo, una segunda vuelta del plebiscito del 2 de octubre de 2015. Esto, por supuesto, a menos que surja un candidato o candidata que lograra posicionar el mensaje de que Colombia ya debe superar esa herida, y concentrarse en su desarrollo futuro.

Algunos observadores me han dicho que esta fractura social ya se ha aliviado un poco. Ojalá así sea. Veo sin embargo, con preocupación, que varios candidatos presidenciales siguen apostando a que la fractura está abierta. El hecho de que Cambio Radical se haya apartado del gobierno en este momento es producto de esa interpretación: no sólo cree Vargas Lleras que dicha división social persiste, sino que en ella son mayoría los opositores o los escépticos. A esto podemos sumar los precandidatos del uribismo, y otros como Marta Lucía Ramírez y el ex ministro Juan Carlos Pinzón, convertido en antigobiernista precisamente por esta lectura de la realidad.

Puede ocurrir que esa brecha se cierre por simple agotamiento, pero eso no es lo ideal: la paz de Colombia será frágil, y lo será por varias décadas, si un sector amplio e importante de la población queda con la idea de que el acuerdo fue ilegítimo, y que les fue impuesto por vías tramposas. Y aunque no sería fácil crear condiciones de legitimidad ex post facto para el acuerdo, tampoco es imposible. Sería un esfuerzo muy grande, tan difícil como la negociación misma, pero es necesario y valdría la pena.