La justicia avanza para intentar esclarecer hasta dónde llegó el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo con los carrotanques, que salpica al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República.
Hasta este momento, quien va más avanzado rumbo a un acuerdo de beneficios penales a cambio de información valiosa frente al caso es el empresario Luis Eduardo López Rosero, dueño de la famosa empresa Impoamerica Roger SAS, con la que Olmedo López y Sneyder Pinilla firmaron el contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira por $46.800 millones de pesos, según la Procuraduría, con un sobrecosto de $16.500 millones de pesos.
López Rosero ya entregó a la Fiscalía información valiosa en particular sobre las irregularidades que se habrían cometido en el proceso y sobre el papel de Sneyder Pinilla en el caso. Lo que viene será la definición sobre si se le concede un preacuerdo o un principio de oportunidad, figuras que tienen diferencias sobre los beneficios que conllevan. El contratista está pidiendo a cambio de su colaboración con la justicia, inmunidad penal para dos de sus familiares más cercanos, que habrían tenido participación en el proceso de contratación.
La próxima semana será definitiva para el proceso en la Fiscalía, porque comienzan los interrogatorios del exdirector de Gestión de Riesgo, Olmedo López y del exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla, que será la hora de la verdad para definir qué tan valiosa es la información que dicen tener sobre altos funcionarios del Estado.
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A propósito, hoy rendirá declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco , quien contraatacó a Olmedo López por haber guardado silencio ante ese tribunal y le dijo que “el león en los medios se había convertido en un ratoncito ante la justicia”.
Entre tanto, en el documento de la Procuraduría que sustenta el llamado a juicio disciplinario contra Olmedo López y Sneyder Pinilla , el Ministerio Público revela que los dos exfuncionarios, que dicen que simplemente recibieron órdenes, habrían cometido faltas gravísimas al haber suscrito la orden de proveeduría para los 40 carrotanques con la empresa intermediaria Impoamericana Roger S.A.S por 46.800 millones de pesos, con un sobrecosto del 54%.
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