Los hallazgos consignados en el informe preliminar de la Procuraduría sobre las posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC durante una inspección adelantada la semana pasada en la sede de la Registraduría Nacional, merecen explicaciones del Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para adelantar la actuación administrativa y la visita a la Registraduría, en el marco de una averiguación preliminar para verificar si los contratos de esa entidad están cumpliendo con el requisito de garantizar la libre competencia.
Según consta en el informe de la Procuraduría, los funcionarios y contratistas de la Superintendencia pudieron haber violado los derechos al debido proceso, a la intimidad, a la reserva judicial y habrían incurrido en extralimitación de funciones, abuso de poder y coacción en contra de los funcionarios de la Registraduría requeridos para atender la visita.
El asunto más serio que revela la Procuraduría, es que en la inspección de la semana pasada, los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio hicieron un requerimiento a la Registraduría para acceder y recaudar información sensible de la Dirección Nacional del Censo Electoral, relacionada con las elecciones que se han llevado a cabo en el país entre 2019 y 2024, algo que según el Ministerio Público, no tiene ninguna relación con los contratos suscritos por la Registraduría, que eran supuestamente el objeto de la visita adelantada por los funcionarios.
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Además, según el Ministerio Público, en la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó la toma de imágenes forenses a correos electrónicos, computadores, equipos y dispositivos personales, ajenos al objeto de la visita, entre ellos el teléfono del gerente de informática de la Registraduría, sin orden judicial, lo que considera la Procuraduría como una violación del derecho a la intimidad.
Tras conocer la decisión del Ministerio Público de investigar las posibles irregularidades en la inspección de la semana pasada, la Superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque se declaró dispuesta a que sus funcionarios respondan los requerimientos de la Procuraduría y ratificó que según ella, las actuaciones de la entidad que dirige, están en el marco legal y constitucional.
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La indagación preliminar que adelanta la SIC y que ha llevado a inspecciones en la Registraduría y en la Cancillería tiene que ver con denuncias de posible colusión relacionadas con la empresa Thomas Greg and Sons, casualmente la misma firma contra la que enfiló baterías el presidente Gustavo Petro por el tortuoso camino de la licitación para la expedición de pasaportes.
La pregunta que debe responder el Gobierno tras conocerse el reporte de la Procuraduría pasan por entender por qué los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que depende directamente de la Presidencia de la República, solicitaron a la Registraduría información sensible sobre las elecciones en Colombia desde 2019.
Adicionalmente, vale la pena preguntarse por qué coinciden en el tiempo los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema electoral colombiano, su propuesta de llevar a cabo una Asamblea Constituyente y la inspección a la Registraduría pidiendo información electoral sensible.
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