Una nueva polémica quedó planteada luego de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunciara desde Villa de Leyva, en medio del encuentro de la Corte Constitucional, que el gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de ley para, según él, “eliminar la penalización de la protesta social”.
Osuna dijo que se busca cerrarle la puerta a la posibilidad de que, en el Código Penal, se puedan tipificar conductas delictivas como terrorismo o concierto para delinquir a quienes ejercen su derecho a la protesta social, según dijo, en virtud del cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano.
El ministro agregó que en principio, la reforma contemplaría que se apliquen penas no privativas de la libertad en caso de que se considere que una persona que participó de una protesta, pudo haber cometido un delito.
La discusión que plantea el ministro Osuna no es nueva, de hecho, fue una de las más recordadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque, quien tuvo que afrontar, entre otras cosas, destrucción de estaciones de transporte público, incendio de buses del sistema de transporte masivo, quema de CAIS, que llevaron a que se impulsaran reformas para endurecer las penas a quienes cometen ese tipo de delitos.
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En ese momento, desde la Fiscalía se informó que las disidencias de las Farc y el ELN infiltraron las protestas por medio de grupos dedicados a atacar a la Policía, a incendiar CAIS y a cometer todo tipo de delitos.
Este anuncio del ministro Osuna se suma a varias actuaciones desde el gobierno y desde la bancada de congresistas del Pacto Histórico: la Policía emitió un documento en el que entre otras cosas, abre la puerta a que sus integrantes soporten injurias y todo tipo de agresiones verbales y de otra índole, sin actuar en el marco de manifestaciones, mientras que varios parlamentarios han emprendido una gira por las cárceles visitando a integrantes de la Primera Línea detenidos, a quienes prometen liberar.
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Para todos es claro que una cosa es la protesta social, que está amparada por la Constitución, que no debe ser criminalizada y el Estado debe ser garante de la misma, pero otra cosa son las expresiones violentas que se desprenden de la misma, como por ejemplo, la que sucedió apenas hace 24 horas, cuando un grupo de delincuentes intentó incendiar la Catedral Primada de Colombia, infiltrándose en una manifestación legítima y pacífica de mujeres en favor de la despenalización total del aborto.
No es claro todavía cómo operará el Estado al amparo del proyecto de ley que anuncia el ministro Osuna, en el momento de individualizar a personas que cometan diferente tipo de delitos, para garantizar el derecho a la protesta, pero sin abrir la puerta a que la debilidad del Estado abra la puerta a que no se pueda perseguir a criminales infiltrados en las mismas.
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