Petro se radicaliza y abandona la idea de un Acuerdo Nacional para sacar adelante sus reformas

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya cumple 19 meses en el poder, decidió cambiar la estrategia para intentar sacar adelante las reformas que prometió en campaña y cuyo trámite se ha venido enredando en el Congreso de la República, entre otras cosas debido a la ausencia de una verdadera voluntad del Ejecutivo para lograr consensos con sectores políticos independientes y opositores.

La confirmación la hizo directamente el presidente Petro, quien el pasado viernes desde la caribeña San Vicente y Las Granadinas, advirtió que si el Congreso hunde las reformas sociales, específicamente las reformas a la salud y pensional, “se desploman los sistemas de inmediato” y agregó: “nos tocará reemplazarlos rápidamente”, haciendo referencia a las herramientas legales que están al alcance del Ejecutivo, es decir, a través de decretos y resoluciones.

Veamos: mientras en la Comisión Séptima del Senado está “empantanado” el proyecto de reforma a la Salud, desde hace meses el Gobierno viene expidiendo resoluciones y decretos, es decir por vía administrativa, sin pasar por la aprobación del Congreso, para intentar realizar de manera “express” los cambios que pretende sacar adelante por la vía legislativa, no solamente con la controvertida resolución que crea los Equipos Territoriales de Salud financiados con recursos de la UPC, sino también con las resoluciones de UPC y Plan de Beneficios que fueron expedidas a comienzos de este año.

Pero no se trata solo de la reforma a la salud: frente a la reforma pensional, por ejemplo, el Gobierno expidió la semana pasada una resolución que en la práctica comenzó a implementar lo que se discute en el Congreso, específicamente frente al pago de una renta mensual de 225.000 pesos a los mayores de 80 años que no hayan cotizado para jubilarse. En el proyecto de reforma se plantea que ese pago se haga a mujeres mayores de 60 años y a hombres mayores de 65 años en esas condiciones.

En las próximas semanas, el Ministerio de Minas presentará al Congreso el proyecto de reforma a los servicios públicos, que tendrá que recorrer un camino largo para convertirse en ley y mientras tanto, el Gobierno por medio de la CREG estudia entre otras medidas, la posibilidad de intervenir el precio de la energía en bolsa, de nuevo por medio de una resolución. A esto hay que sumarle discusiones sobre proyectos que se comenzarán a mover en el Congreso, pero sobre cuya esencia, ya se vienen dictando medidas administrativas, como la reforma laboral y el armazón jurídico para sacar adelante la “Paz Total”.

Con el fin de facilitar su estrategia para sacar adelante las reformas vía administrativa, el Presidente Petro decidió reemplazar funcionarios técnicos por activistas de su proyecto político en cargos clave como Planeación Nacional y el Departamento de Prosperidad Social, para cumplir sus promesas de campaña, así en algunos casos esas determinaciones tengan impacto fiscal negativo para la Nación y dejen en el limbo los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, como en la reciente controversia por la asignación del presupuesto general de 2024, que le costó la cabeza a Jorge Iván González y un grupo muy destacado de expertos del DNP.

Según varios juristas, esta forma de gobernar vía decreto del presidente Gustavo Petro podría estar en el borde de los límites constitucionales y legales, ya que en muchos casos, modificaciones como las que está planteando, deben hacerse a través del Congreso de la República, que a propósito, como muy pocas veces, tiene una responsabilidad histórica en sus manos de cara a las reformas, por eso los congresistas y los partidos políticos deben actuar con total transparencia y honestidad de cara a los colombianos.