Pese a errores y demoras, el país debe apoyar la tarea de la JEP

Hablamos de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP que negó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, considerando que no es un beneficio automático, sino que debe estar condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con lo que dice el acuerdo del Teatro Colón.

Esta determinación de la JEP no es un asunto menor, teniendo en cuenta que tanto Mancuso como sus abogados daban por descontado que el excabecilla de las AUC quedaría libre una vez fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos, apelando a su designación como “gestor de paz” por parte del presidente Gustavo Petro.

La Jurisdicción Especial de Paz le recordó a Mancuso que primero debe cumplirle a sus víctimas, antes de poder solicitar su libertad al amparo del acuerdo. La defensa del exjefe paramilitar desde ya anunció que apelará la decisión argumentando entre otras cosas, que los magistrados de la JEP ya han concedido la libertad a varios postulados que, según ellos, han cumplido menos requisitos que su defendido.

Todavía no se conoce un pronunciamiento del Gobierno Nacional ante esta decisión de la JEP, pero adicionalmente no se conocen concretamente en qué consisten las gestiones de Salvatore Mancuso tras los beneficios que le concedió el Ejecutivo. Por ejemplo, todavía no se conocen detalles concretos sobre sus posibles acercamientos con los exjefes paramilitares para darle punto final al acuerdo con las antiguas AUC.

Por otro lado, sigue el ataque de los antiguos cabecillas de las Farc contra la JEP, en las últimas horas hubo una nueva rueda de prensa de sus exjefes criticando las determinaciones de esa jurisdicción, en particular frente a una supuesta demora en firmar una serie de amnistías para un grupo de excombatientes que no han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El trasfondo de la nueva arremetida de los exjefes de las Farc contra la JEP tiene como telón de fondo, una determinación de esa jurisdicción de la semana pasada, que decidió no asumir las investigaciones contra Rodrigo Granda, excabecilla de ese grupo guerrillero, quien está siendo procesado por el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas, crimen por el cual, podría ser pedido en extradición por la justicia paraguaya en las próximas semanas.