‘Papa caliente’ de caso Uribe, en el mejor de los casos, se resolvería en abril de este año

Uno de los pilares de la administración de justicia es que debe ser pronta y cumplida, su importancia es tal, que es un principio consagrado como derecho fundamental de los ciudadanos.

Lamentablemente, ese derecho a una administración de justicia pronta y cumplida se está incumpliendo de manera flagrante en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, que inició de manera formal hace seis años en la Corte Suprema, pero cuyo origen se remonta al año 2012.

El episodio más reciente de la cascada de contratiempos que ha tenido este caso se produjo en las últimas horas, con la inesperada renuncia del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia, quien tenía sobre sus hombros la responsabilidad de definir a más tardar el día de hoy, si llamaba a juicio o si decidía pedir que se archivara el proceso contra Uribe.

Aunque el argumento para esa renuncia, no solamente al proceso de Uribe sino a su cargo como fiscal delegado Ante la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con razones personales relacionadas con la salud de su familia, queda un mal sabor de boca frente al hecho de que la salida de Palencia se produzca cuando se le cumplió el plazo para definir el futuro del caso Uribe, escenario ante el cual quedan varias preguntas sin resolver.

Ahora, un nuevo fiscal, Víctor Salcedo, tiene en sus manos todo el expediente y a partir de ahora comienzan a contarse 90 días hábiles para que conozca el caso y defina si acusa o pide archivar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, es decir que, al final, esta “papa caliente” terminaría en el mejor de los casos resolviéndose en abril de este año, dos meses después de la salida de Francisco Barbosa como fiscal general.

Las víctimas consideran que no hay más plazos y que hoy debería definirse plenamente el caso Uribe, ante lo cual, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá la última palabra. La alerta que ya comienza a encenderse es la posibilidad de que, en medio de este galimatías judicial, terminen prescribiendo los delitos presuntamente cometidos por el expresidente Álvaro Uribe, es decir, en uno de ellos estaríamos a siete meses de que ya no pueda ser investigado, lo cual sería absolutamente indeseable para el esclarecimiento de la verdad.

Hoy, casi una década después de ocurridos los hechos que investiga la justicia sobre la presunta manipulación de testigos en la que habría incurrido el expresidente Álvaro Uribe para evitar que lo vincularan con grupos paramilitares, el país necesita conocer la verdad y, por lo tanto, se deben dar todas las garantías a los funcionarios que investigan el caso, para que adelanten su labor investigativa y judicial y le digan al país, sin sesgos políticos o ideológicos, si Uribe es culpable o inocente. No más dilaciones.