No cesa la ocupación ilegal de predios en 18 departamentos del país y en medio de lo que significa una práctica que se ha incrementado tras la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, el Gobierno intenta frenar lo que pareciera una incontrolable cascada, aunque sin tener una versión unificada de los hechos.
Primero hay que decir que la ministra de Agricultura Cecilia López anunció en las últimas horas, el inicio de la titulación masiva de tierras en 19 departamentos, en principio un total de 681.372 hectáreas de tierra para beneficiar a campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Este proceso inicial terminará el próximo 15 de noviembre y luego comenzará la entrega de tierras incautadas a los narcotraficantes, hoy administradas por la Sociedad de Activos Especiales y luego se utilizará el famoso Catastro Multipropósito.
Mientras la ministra de Agricultura hace esfuerzos para enviar mensajes de tranquilidad a las personas sin tierra para desactivar la “bomba de tiempo” en la que se ha convertido el tema de ocupación de tierras, llamó la atención el “cruce de cables” entre el Ministro de Defensa y el director de la Policía en torno a saber quiénes son los responsables de esa actividad.
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Primero, el general Henry Sanabria afirmó que investigan si detrás de algunos casos de ocupación de tierras están el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, con el fin de facilitar las rutas del narcotráfico y unas horas después, el ministro Iván Velásquez afirmó en el Congreso que esa es apenas una hipótesis, que no está confirmada.
Lo más importante es que haya un mensaje unificado del Gobierno en el sentido de avanzar hacia una redistribución ordenada y justa de tierras, sin abrir puertas o relativizar acciones ilegales como la ocupación de la propiedad privada.
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