No se debe minimizar error al que indujeron a Petro sobre las cifras de armas perdidas

El martes 30 de abril a las 2 de la tarde, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración desde la Casa de Nariño, denunciando la pérdida de millones de municiones y de centenares de granadas y armas de los almacenes del Ejército ubicados en Tolemaida y en La Guajira.

Esa denuncia, que produjo gran alarma, la hizo acompañado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a crecer las dudas sobre la veracidad de las cifras citadas por el presidente Petro.

Una vez revisados los listados, la inspección del Ejército concluyó que Petro no leyó en su declaración el listado de armas perdidas, presuntamente hurtadas por miembros de la misma institución, sino que repitió los datos consignados en la columna correspondiente a municiones y armas que no han sido incluidas en el sistema de auditoría SAP, lo cual no quiere decir que estén desaparecidas.

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Por ejemplo, el presidente Petro reportó la supuesta pérdida de 131.577 municiones calibre 7.62 eslabonado del fuerte de Tolemaida, cuando en realidad el cuadro preparado por el Ejército, reporta 53 municiones perdidas. De igual forma, el jefe de Estado informó sobre la pérdida de 626.514 municiones 5.56 pero la cifra real es de 18.562.

El asunto podría parecer anecdótico, pero no lo es por dos razones: primero porque el presidente Gustavo Petro leyó las cifras de manera errónea, debido a que tuvo como sustento un informe que le hizo llegar a última hora el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, quien no se los compartió ni al ministro de Defensa ni al comandante de las Fuerzas Militares, sus superiores, por lo que ellos no tuvieron la oportunidad de revisarlo ni de alertar al presidente sobre la manera correcta de presentar la información.

Segundo, porque el hecho de que el presidente Gustavo Petro hubiera presentado la pérdida de armamento y de municiones como hechos masivos y generalizados, sin que esa sea la realidad, causa un grave daño a la imagen del Ejército Nacional y de sus integrantes.

No se trata de negar que evidentemente se presentan pérdida y hurto de armas y municiones del Ejército, lo cual evidentemente es grave y debe sancionarse, pero resulta inquietante que el comandante de dicha institución no solamente no haya explicado al Presidente de la República cómo debía presentar la información, sino que además no haya hecho una aclaración pública sobre la verdad de los hechos. La cúpula de las Fuerzas Armadas no solamente debe actuar con absoluto rigor sino también de manera transparente de cara al país.