A menos de una semana de la posesión de Gustavo Petro como presidente, la delicada situación de orden público en varias regiones del país se posiciona como uno de los asuntos urgentes que tendrá que solucionar el nuevo gobierno.
En el explosivo coctel de la violencia se suman el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y múltiples grupos de delincuentes comunes, que tienen en común la financiación y el negocio del narcotráfico.
Cinco personas asesinadas en La Unión , Valle, cuatro personas asesinadas en Barbacoas, Nariño, dos militares asesinados en Córdoba e intimidaciones y asesinatos de conductores de buses en el Atlántico, muestran el crítico panorama de orden público que recibirá el gobierno entrante.
La solución tiene muchas aristas y varias dudas, partiendo desde cómo se van a diferenciar los grupos criminales “comunes” que se dedican a formar las llamadas “oficinas de cobro” que al final terminan al servicio de carteles como el Clan del Golfo.
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El nuevo gobierno del presidente Petro tendrá que definir varias autopistas para negociaciones con grupos armados, dependiendo de si tienen origen “político”, como el ELN o las disidencias de las Farc, o si se trata de grupos dedicados al “multicrimen”, como lo explica el presidente Gustavo Petro.
Hay dos temas de fondo adicionales por conocerse frente a la ola criminal que afronta el país: el manejo del narcotráfico será crucial para determinar si se logra disminuir el ingreso de recursos que hoy parecieran ilimitados para los grupos criminales.
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El otro asunto de fondo tiene que ver con la estrategia de Defensa del nuevo gobierno , que estará en cabeza del ministro Iván Velásquez, quien además de convertirse en líder anticorrupción dentro de las Fuerzas, tendrá que liderar el papel de la Fuerza Pública para defender a los colombianos de las amenazas armadas.
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