Entró en la recta final, el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral por las presuntas irregularidades cometidas en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.
A pesar de que la semana pasada no se logró que los magistrados votaran la ponencia elaborada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada que propone formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro y de su gerente de campaña, Ricardo Roa, por haber financiado de manera irregular la campaña presidencial de 2022 con prácticas que incluyeron violación de topes electorales, se tiene previsto que haya una determinación antes de que finalice el mes de septiembre.
La ponencia tiene más de 300 páginas y entre otras cosas, muestra las posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente a través de donaciones no reportadas de dos poderosos sindicatos: Fecode y la USO, sumado a que la campaña no reportó un pago por 356 millones de pesos en publicidad en televisión para la primera vuelta presidencial, con lo cual, quedaría claro que la campaña superó el tope de gastos, pues sin esa factura, estaba a solo 28 millones de superar ese límite.
Adicionalmente, en poder del Consejo Nacional Electoral están los extractos bancarios de la empresa que se encargó de capacitar y coordinar los testigos electorales para la primera vuelta presidencial por 202 millones de pesos, que tampoco habrían sido reportados en la contabilidad de la campaña.
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Ante este complejo escenario, que seguramente se definirá en el terreno de la política, pues los magistrados del CNE son representantes de los diferentes partidos y movimientos, el presidente Gustavo Petro decidió agitar de nuevo una bandera que hoy parece muy lejana en el horizonte, frente a la posibilidad de que sea retirado del cargo por el Congreso de la República.
Petro escribió este fin de semana en sus redes sociales: “se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo” y agrega: “esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”.
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Lo que hace el presidente es agitar de nuevo a sus bases a las que llama a las calles, supuestamente para contrarrestar la posibilidad de que sea retirado de la Presidencia de la República por parte del Congreso, algo que hoy se ve muy lejano, toda vez que inicialmente el caso tendría que ser estudiado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde el gobierno tiene cómodas mayorías, y en el remoto caso de que llegara a superar ese escollo la posibilidad de declarar indigno al Presidente de la República, tendría que ser estudiada por la plenaria de la Cámara de Representantes.
Hoy nadie quiere tumbar al presidente Gustavo Petro, no hay ambiente político ni intenciones de truncar sus cuatro años de mandato, lo que viene es un debate sobre algo que seguramente ha ocurrido en otras campañas con la violación de topes electorales, con la novedad de que en este caso, aplica las nuevas normas, que responsabilizan al candidato por eventuales irregularidades en su contabilidad.
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