Esta semana se conmemoran cinco años del acuerdo del Teatro Colón, que puso fin a más de 40 años de guerra de las Farc contra el Estado colombiano, en medio de actos académicos y con la visita al país del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Aunque en términos generales, el acuerdo permitió el desarme de más de 10 mil guerrilleros y abrió la puerta para que los máximos responsables de crímenes atroces en medio del conflicto cuenten su verdad a las víctimas, hay muchos temas pendientes por solucionar.
En materia de seguridad, el asesinato de más de 300 exguerrilleros en cinco años sin duda es uno de los asuntos más preocupantes, que revela un incumplimiento del Estado en su deber de proteger a quienes apostaron por el acuerdo de paz.
Esto se suma al fortalecimiento de las disidencias encabezadas por mandos de las antiguas Farc, convertidos en potentes “jugadores” en el mercado criminal del narcotráfico, potencializado por el aumento exponencial y preocupante de hectáreas de cultivos de hoja de coca y que hoy, según cifras oficiales, tendrían a más de tres mil hombres en armas.
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El acto violento más reciente atribuido a las disidencias se produjo el fin de semana pasado, cuando más de 100 exguerrilleros y sus familias denunciaron graves amenazas de muerte que los obligaron a desplazarse del espacio territorial en el que se encontraban desde la firma del acuerdo, en límites entre Meta y Caquetá.
En la práctica, millones de colombianos que viven en zonas que históricamente fueron ocupadas por las Farc y que vivieron una tregua temporal de la violencia, actualmente de nuevo están desencantados, asediados por carteles del narcotráfico como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN que se disputan a sangre y fuego el negocio ilegal de producción y transporte de cocaína.
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En materia de reincorporación, el trabajo del gobierno ha sido intenso por medio de los llamados PDET, programas de desarrollo con enfoque territorial que se han traducido en emprendimientos de excombatientes y de campesinos en zonas de influencia de las Farc, en los que se han invertido más de 11 billones de pesos, pero que resultan insuficientes para llegar a todos los potenciales beneficiarios.
Hablando de temas pendientes, los antiguos jefes de las Farc, que han sido consistentes en su presentación ante la JEP y en torno a muchos componentes del acuerdo, están en mora de reconocer plenamente y aportar verdad frente a crímenes de lesa humanidad como el reclutamiento de niños y el asesinato de personas secuestradas por sus antiguos frentes.
Hay otro tema pendiente por parte de los antiguos cabecillas de las Farc, que es fundamental: están en mora de ofrecer una verdadera reparación monetaria a las víctimas de sus crímenes, entre otras cosas por la falta de claridad del inventario de los bienes y tierras que adquirieron por medio de rentas ilegales en los más de 40 años que estuvieron en la ilegalidad.
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