La suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el ELN significan un duro golpe a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro , que no ha entregado resultados positivos, a pesar de que ya cumple más de dos años.
El comunicado de la delegación de paz del Gobierno en el que advierte que las conversaciones quedan suspendidas, le recuerda a ese grupo delincuencial que en los últimos cinco meses les han hecho llegar diferentes propuestas para buscarle salidas a la crisis que afronta el proceso, sin que hayan sido tenidas en cuenta.
Y es que el ELN ha venido incrementando las exigencias al Gobierno, luego de que se habían logrado acuerdos como el que definió el listado de temas que serían abordados en la mesa de negociaciones, asunto que no estuvo exento de controversia en la opinión pública, porque entre otras cosas, pretendía negociar con los elenos el modelo económico y el sistema político del país.
A través de su cómoda trinchera digital de las redes sociales, protegido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, alias 'Antonio García', máximo cabecilla del ELN ha venido dando línea para poner presión al Gobierno: primero, crear un fondo multidonante para financiar la manutención de ese grupo a cambio de dejar de secuestrar, luego, que el Gobierno no adelantara negociaciones de paz con el frente Comuneros del Sur, una disidencia de esa guerrilla y la última exigencia al gobierno es que los retire de la lista de Grupos Armados Organizados, lo cual no solamente los haría inmunes a operaciones militares en su contra y les abriría la puerta a un reconocimiento internacional.
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A pesar de que el presidente Gustavo Petro había dicho en campaña que una vez posesionado, en tres meses acabaría el ELN, eso evidentemente eran falsas expectativas, que responden al modus operandi de ese grupo: esa guerrilla ha provocado el fracaso de cinco proceso de paz previos al actual en los últimos 25 años.
El ELN insiste en la equivocada estrategia de creer que por medio de actos terroristas puede someter al Estado y obligarlo a ceder a sus pretensiones, ante lo cual, entre otras cosas, la población civil debe insistir en exigirle a ese grupo que cese sus actos violentos, mientras que las Fuerzas Armadas deben aumentar la presión sobre los cabecillas de ese grupo delincuencial.
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