Las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc afrontan algunos escollos por cuenta del estatus de algunos de sus cabecillas.
Aunque pareciera un tema de forma, no es menor que la Fiscalía le haya pedido claridad al presidente Petro sobre 11 integrantes del autodenominado 'Estado Mayor Central de las Farc', o las disidencias encabezadas por alias 'Iván Mordisco', que ya habían sido certificados como miembros de las antiguas Farc al amparo del acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Entre los nombres que sobresalen de ese listado están Javier Alonso Veloza García, alias 'John Mechas', jefe del autodenominado frente 33 de las Farc y presunto responsable del fallido atentado contra el expresidente Iván Duque cerca de Cúcuta y contra la Brigada 30 del Ejército en esa misma ciudad.
Al nombre de 'John Mechas', se suman Edgar de Jesús Orrego, alias 'Firu', el disidente que heredó el poder de alias 'Cabuyo' en Antioquia, Farby Edison Parra, alias 'Brayan', peligroso extorsionista de empresarios en Cundinamarca y Meta e Iván Jacobo Idrobo, alias 'Marlon', responsable del asesinato de seis militares en Buenos Aires, Cauca, a finales del año pasado.
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó el levantamiento temporal de las órdenes de captura contra estos guerrilleros, un total de 20, para que sostengan una cumbre nacional de la dirección del Estado Mayor Central con el fin de avanzar hacia la etapa de negociación formal que ya anticipó el comisionado Danilo Rueda en las últimas horas.
La dificultad que existe en el caso de alias 'John Mechas' y sus secuaces y en el caso de 'Iván Márquez' y sus secuaces, estos otros los jefes de la autodenominada Segunda Marquetalia, es que todos suscribieron el acuerdo de paz con el gobierno Santos en noviembre de 2016 y por lo tanto, en teoría no tendrían la posibilidad de iniciar una negociación política con el actual gobierno, en vista de su traición a la mano tendida de la sociedad en la anterior oportunidad.
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El gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que emplearse a fondo para encontrar una salida jurídica a este entuerto, que podría entrabar temporalmente los esfuerzos de la paz total. El país está atento a conocer los argumentos del comisionado de Paz para abrir una cuestionada rendija en la ley que permitiría a traidores del acuerdo de paz del 2016, ahora tengan una nueva oportunidad sin tener sanción adicional alguna.
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