Sergio Fajardo se jugó una carta arriesgada, con la arremetida en contra del Contralor General Carlos Felipe Córdoba , buscando evitar que el fallo fiscal por el colapso de Hidroituango, termine sepultando sus aspiraciones presidenciales.
Fajardoacusó a Córdoba de ser una “ficha política” del expresidente César Gaviria y de Germán Vargas Lleras y consideró que esa situación llevó a la Contraloría a fallar en su contra y contra otras 25 personas naturales y jurídicas con una multa de 4,3 billones de pesos por las graves fallas que llevaron a la emergencia en Hidroituango en abril de 2018, sumado al lucro cesante por la demora en la entrada en operación de la megaobra.
El exgobernador de Antioquia tiene en su mano varias cartas para evitar que el caso Hidroituango termine sacándolo de la carrera por la Presidencia, una de ella es la solicitud de medidas cautelares para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga en su caso.
Para esa petición, que Fajardo espera que se materialice antes del 13 de marzo del año entrante, fecha de la consulta de la Coalición Centro Esperanza para elegir candidato presidencial, es clave el precedente que sentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien regresó al cargo por decisión judicial y con la advertencia al Estado colombiano de que solamente una condena por un juez penal puede inhabilitar a una persona para ser elegida y ejercer cargos por voto popular.
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Actualmente, el caso está a la espera de que el Consejo de Estado defina si revisa o no el fallo de la Contraloría, luego quedaría en firme si se mantiene la línea de los magistrados indicando que ese trámite es inconstitucional, lo cual llevaría a Fajardo en la práctica a no poderse posesionar como Presidente en caso de ser elegido, porque quedará de inmediato reportado en el boletín de Responsables Fiscales. Eso es lo que busca tumbar en la CIDH.
En materia política, todos los precandidatos presidenciales han cerrado filas para respaldar a Sergio Fajardo, pidiendo que tenga todas las garantías y el derecho al debido proceso, con el fin de dar transparencia a una de las decisiones más importantes en materia fiscal que se hayan tomado en los últimos años en el país.
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Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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