Como estaba previsto, Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, como consecuencia de los reiterados incumplimientos en el pago de cerca de ocho millones de dólares por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Una vez extinguida la ilusión, llega la hora de individualizar las responsabilidades políticas, disciplinarias y fiscales que deja esta vergüenza internacional para Colombia.
La principal responsabilidad política de este descalabro le corresponde al presidente Petro, a quien nunca le gustó la idea de la realización de unos Juegos Panamericanos en Barranquilla porque le parecían muy costosos y aunque nunca lo expresó en público, dejó la sensación de que su falta de respaldo a las justas, obedeció a que sus principales impulsores fueron los Char, a quienes el Presidente considera sus enemigos políticos, sin tener en cuenta que los barranquilleros lo apoyaron mayoritariamente en las urnas en las elecciones de 2022 y son los directos perjudicados con la decisión de Panam Sports, pues entre otras cosas, se tenía previsto que el evento generara unos 22 mil empleos.
No hay que olvidar que en el escritorio del presidente duró varios meses sin firmar una carta que debía enviar a Panam Sports ratificando el apoyo del gobierno nacional a los Juegos Panamericanos y que en octubre de 2023, cuando en teoría hubo una ofensiva en Chile para salvar la sede, Petro quiso poner condiciones a los empresarios privados que organizan los Panamericanos e incluso puso como condición para el desembolso del dinero, que no fueran unos juegos que realizara solamente Barranquilla, sino que se hicieran en varias ciudades del Caribe colombiano.
La desidia y la indecisión con la que el presidente Petro manejó los requerimientos para los Juegos, llevaron a que sus dos ministras del Deporte, María Isabel Urrutia y Astrid Bibiana Rodríguez, hubieran tomado decisiones por acción o por omisión que fueron pavimentando el camino a lo que finalmente pasó, que es el retiro definitivo de la sede para Barranquilla.
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Por cuenta de este fracaso, la capital del Atlántico perdió 2 millones 200 mil dólares que había girado a Panam Sports para cumplir el convenio, lo cual inevitablemente llevará a la apertura de un proceso fiscal por parte de la Contraloría para determinar quién o quiénes fueron los responsables de la pérdida de este dinero.
Si hacemos un juicio de responsabilidades, la cadena de errores comenzó en el gobierno de Iván Duque, que debía hacer un pago de 4 millones de dólares antes del 30 de junio de 2022, pero luego de eso han pasado un año y ocho meses de incumplimientos en el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos, el inexplicable retraso en la conformación del comité organizador para los Juegos Panamericanos por parte de la entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien en entrevistas posteriores reconoció la falta de interés del presidente Petro en los Panamericanos.
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Pero el momento definitivo que llevó al fracaso de los Panamericanos para Barranquilla es el incumplimiento por parte de la nueva ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, del compromiso de desembolsar 4 millones de dólares antes del 30 de diciembre de 2023.
Es hora de asumir las responsabilidades políticas y fiscales de este descalabro y mirar a futuro evaluando las causas de este fracaso, para que en la medida de lo posible no se vuelva a repetir.