Luego de varias semanas de expectativa, finalmente el Consejo de Estado destrabó el viernes pasado, las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a la victoria al presidente Gustavo Petro en junio de 2022.
La discusión se produjo luego de que se conociera la ponencia del Consejo Nacional Electoral, que va en el sentido de abrir investigación contra el jefe de Estado, contra quien fuera gerente de su campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y contra otros responsables.
Esa determinación, que todavía no ha sido discutida en Sala Plena, llevó a que un grupo de congresistas afines al proyecto petrista, entablara un conflicto de competencias administrativo, porque según ellos, el CNE no es el órgano competente para investigar al jefe de Estado, toda vez que según su teoría, esa responsabilidad recae sobre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimió esa disputa con la sentencia del pasado viernes, en un auto que deja claras las competencias de cada entidad: dicen los magistrados que el CNE es competente para seguir la investigación administrativa por posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y puede “imponer las sanciones administrativas correspondientes, si a ello hay lugar”.
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El auto señala así mismo que el Congreso es el competente para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República de manera autónoma, “cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022-2026 proceda la referida sanción”.
Una vez conocida la decisión del Consejo de Estado, en un plazo aproximado de un mes, el Consejo Nacional Electoral deberá decidir si apoya o no, la ponencia redactada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en la que piden que se formulen cargos contra el presidente Gustavo Petro y contra otras personas, por las posibles irregularidades en la financiación de su campaña, por medio de aportes no reportados, entre ellos los hechos por parte de Fecode y la USO.
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