La concesión de Triple A debería caducar: Aurelio Suárez

El 14 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió acción popular interpuesta por la Procuraduría General contra la Triple A (empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla), Inassa y la Superservicios. Demanda dejar sin efecto el contrato de asistencia técnica suscrito entre esas dos empresas y exige la protección de los derechos colectivos, tanto en la prestación de servicios públicos como en el patrimonio público y la moralidad administrativa.

La causa es la administración desleal de dicho contrato mediante el cual se le giraron –según la Fiscalía– $237.836’823.000 sin soportes. Se configuró desviación de dineros como, entre otros, de subsidios a estratos de bajos ingresos y órdenes simuladas de servicio, ante la pasividad de la administración de la Triple A y la Superintendencia.

Vale recordar que el 18 de octubre de 1996, el alcalde Edgard George admitió a Inassa como “socio calificado” de la Triple A, concesionario del servicio, con el 43,3% de la propiedad, y simultáneamente como operador, mediante acuerdo entre accionistas. En ese momento Aguas de Barcelona era cabeza visible, contrariando lo prescrito por el Acuerdo 0023 de 1991 que prescribía un 85% para el Distrito y 15% para los privados.

En 1999, Bernardo Hoyos mejoró la concesión a la Triple: la eximió de las regalías que debería pagar -$225 millones al mes- a cambio de participar en planes de inversiones en la Zona Suroccidental. El 19 de julio de 2000, anticipándose inexplicablemente al año 2012, cuando vencía la concesión, Hoyos la prorrogó hasta el año 2033. Aceptó además que “inversiones” “con recursos propios” que hiciera el concesionario para “mejoramiento o ampliación de la infraestructura”, que no hubieran sido amortiguadas al término del nuevo plazo, serían pagadas por el Distrito. En consecuencia, en los estados financieros de la Triple A hay una cuenta denominada “activos intangibles”, que iba en $364 mil millones en diciembre de 2017.

El 27 de marzo de 2000, luego de la anticipada prórroga, la junta directiva de Tiple A aprobó un contrato de asistencia técnica con Inassa –de yo con yo– suscrito por Luis Nicolella de Caro y Francisco Olmos, respectivamente, que reconocía por su gestión 4,5% de los ingresos netos, con una llamativa cláusula: “Entrará en vigencia una vez Aguas de Barcelona deje de ser socio de Inassa”.

Dicha cláusula avisaba un negociado: con la concesión asegurada hasta 2033 y con el contrato de asistencia técnica como cheque en blanco, buscar nuevo socio-operador le dejaría enormes réditos a Aguas de Barcelona una vez saliera del paquete. No obstante, los señores Enrique Gerlein, Luis Cárdenas Gerlein, Julio Jácome, Guillermo Sanclemente, Marco Royo y Luis Nicolella de Caro, junto con ciudadanos españoles, incluido Olmos, participaron en un entramado de empresas en Panamá, que concluyó con el traslado de las acciones de Aguas de Barcelona en Inassa a la madrileña Canal de Isabel II, maniobra calificada como “pelotazo” en el caso Lezo. Se vendieron en febrero de 2002 por más de 70 millones de euros las compradas en siete millones en noviembre de 2001.

En medio tanto escándalo, aquí vale preguntar: ¿Ayudó a Barranquilla el contrato de asistencia técnica y se justica la concesión? ¿Sería como mantener a Odebrecht en la Ruta del Sol? Veamos indicadores.

Durante 17 años hubo un exiguo avance en coberturas y en conservación de calidad; se dieron un escandaloso aumento de agua perdida en las redes y alzas en las tarifas en el metro cúbico básico y el cargo fijo por encima de la inflación. Con esos resultados ¿se justifica el descarado cobro de Inassa por $237 mil millones cuando su expresidente, Edmundo Rodríguez, dijo que el real objeto del contrato era un “pacto oculto entre accionistas (…) para pagar menos impuestos”?

En próximos días el Tribunal citará la audiencia de Pacto de Cumplimiento. La erogación de Inassa –mayoría en Triple A– de $240 mil millones será sacárselos de un bolsillo para metérselos en el otro y la indemnización al Distrito de Barranquilla, tasada en $34 mil millones, no subsanará los despojos hechos durante casi 25 años.

Después de tanta corruptela, queda en entredicho la concesión misma: tal como está estructurada, es fuente continua de desfalcos que, con la incuria de las administraciones locales y la Superintendencia, podrían perpetuarse. Barranquilla está entrampada.