Invasiones de tierras, gran nubarrón sobre la reforma agraria que busca el presidente Petro

Una de las prioridades que planteó el gobierno del presidente Gustavo Petro para mantener el recaudo de más de 25 billones de pesos en la Reforma Tributaria, es la necesidad de la compra de tierras para cumplir con las promesas de campaña.

Desde el Ministerio de Agricultura anuncian que le “meterá el acelerador” a la Reforma Agraria, aplazada durante décadas y que pretende, en teoría, disminuir la inequidad y la concentración de la tierra para aumentar la productividad agrícola.

El gran “nubarrón” que se posa sobre esta decisión del presidente Petro, es la “cascada” de invasión de predios por parte de algunos indígenas, campesinos y otros sectores en ocho departamentos del país, asunto que amenaza la tranquilidad y la convivencia pacífica en esos territorios.

A pesar de que el gobierno había dado un ultimátum de 48 horas para que las personas que Ocupan irregularmente esos territorios, finalmente y tras varios días de diálogo, el ejecutivo decidió por ahora no hacer uso de la fuerza del Estado para efectuar los desalojos, algo que ocasionó malestar entre quienes se han visto afectados por esas actuaciones.

Varios grupos de indígenas, en particular en el norte del Cauca, advirtieron al gobierno que no van a desocupar los territorios y por el contrario, no descartan ocupar otras haciendas, al tiempo que exigen que les escrituren los territorios que consideran “ancestrales”.

La situación es complicada en Cauca, Huila, Valle, Santander, Córdoba, La Guajira, Atlántico y otros departamentos, en donde ya hay algunas intenciones de los propietarios de usar la fuerza para defenderse de los invasores, asunto seriamente complicado, teniendo en cuenta experiencias dolorosas y violentas del pasado.

La procuradora Margarita Cabello, el Defensor Carlos Camargo y otros funcionarios han hecho un llamado claro a que se respete la propiedad privada y a que las mesas de diálogo planteadas para solucionar un tema que por supuesto tiene muchas complejidades, tengan una solución clara y realizable.

Ante este gran desafío, se necesita absoluta claridad por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los alcances de su política de tierras y debe ser claro en la necesidad del respeto a la propiedad privada.

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