Hay noticias desde la Fiscalía en dos de los casos de presunta corrupción que han sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro: el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial y las investigaciones por el escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgo.
Este jueves 25 de julio, la Fiscalía imputará cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López por el desfalco de los carrotanques de La Guajira En esa audiencia, los investigadores revelarán nuevos detalles sobre cómo funcionaba la empresa criminal que entre otras cosas, habría servido para desviar recursos para congresistas disfrazados de contratos para atención de emergencias ficticias, a cambio de su voto favorable a iniciativas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
El jueves también se podrían conocer las condiciones de negociación judicial entre Olmedo y Sneyder con la Fiscalía con dos cosas que concentran la atención de la opinión: se sabrá si los dos exdirectivos de Gestión de Riesgo van o no a la cárcel mientras esperan el juicio en su contra y el monto de dinero que devolverán de lo que se robaron.
La respuesta a esos dos puntos la tendrán la Fiscalía y el juez del caso, pues tendrá que definirse si finalmente Olmedo López y Sneyder Pinilla permanecerán detenidos en un batallón del Ejército y si se confirman los montos de devolución de dinero: López prometió devolver más de mil millones de pesos, mientras que Pinilla solamente reembolsará 292 millones de pesos.
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Mientras tanto, la Fiscalía tiene la presión de dar resultados prontos para confirmar o desvirtuar las acusaciones de los dos grandes delatores del caso en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y otros altos funcionarios del Gobierno Petro, que supuestamente dieron la orden de direccionar contratos para favorecer congresistas que tenían en sus manos la aprobación de empréstitos internacionales.
Más allá de las implicaciones políticas del caso, que son de la mayor gravedad, el país urge que no haya impunidad con Olmedo y Sneyder, quienes deben devolver la totalidad del dinero que se robaron y que estaba destinado para atender las emergencias que sobre todo afectan a los más pobres.
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De otra parte, el país espera que la Fiscalía le cuente si hay incidencia penal en la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, investigación sobre la que no se volvió a conocer novedad alguna desde hace por lo menos 7 meses.
Una derivación de este caso tiene que ver con el escándalo de corrupción que salpica a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien está en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, proceso que junto con otros derivados como el que se adelanta contra Days Vásquez, le fueron quitados al fiscal Mario Burgos por orden de la Fiscal General Luz Adriana Camargo, tal y como lo había pedido el presidente Gustavo Petro.
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