El general (r) Mario Montoya Uribe, uno de los militares más condecorados en la historia reciente del país, el hombre responsable de grandes golpes contra la guerrilla, como la Operación Jaque, esta semana será llevado ante un juez para que responda por el asesinato de 104 personas, víctimas de los tristemente recordados casos de “falsos positivos”.
Los documentos en poder de los fiscales permiten concluir que Montoya no solamente desobedeció órdenes del Comando General de las Fuerzas Militares para que dejara de privilegiar las bajas en combate como principal medidor de éxito de divisiones y brigadas, sino que también está involucrado en la destrucción de documentos que permiten demostrar esa actuación ilegal, que llevó a que en varias unidades militares, decidieran matar civiles para presentarlos como supuestos guerrilleros de las Farc muertos en enfrentamientos con la Fuerza Pública.
Se trata de un hecho muy importante, porque aunque desde hace por lo menos seis años, la Fiscalía tiene elementos para avanzar hacia una imputación contra Montoya por crímenes que pueden llegar a ser catalogados de guerra y de lesa humanidad, lo nuevo es que pese a que el general (r) está sometido a la JEP, una circular recientemente expedida por el Fiscal Francisco Barbosa que está dirigida a todos los funcionarios de la Fiscalía, permite avanzar hasta la acusación en casos de personas sometidas a esa jurisdicción.
Esta decisión de la justicia ordinaria llega en momentos en los que la JEP se apresta a imputar cargos al general (r) Montoya como presunto determinador de crímenes de guerra y de lesa humanidad por delitos graves como homicidio en persona protegida.
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Aunque la Fiscalía, en el actual escenario, no podría condenar a Montoya, sí podría dinamizar la investigación, para evitar que por medio de maniobras dilatorias o de otras circunstancias, pudiera tener tropiezos, máxime si se tiene en cuenta que la Corte Penal Internacional ha sido clara en la necesidad de que los máximos responsables de los delitos más graves respondan por esos hechos.
Actualmente Montoya está en la JEP, dijo que el honor no le permite reconocer que haya ordenado crímenes, pero en caso de que haya una imputación en su contra, solamente tendrá dos caminos: acepta responsabilidades pero además aporta verdad plena y se somete a una sanción de hasta ocho años de penas alternativas o no acepta y se somete a un juicio ante esa jurisdicción, que podría significarle una pena de hasta 20 años de cárcel.
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Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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