La divulgación en una alocución televisada por parte delpresidente Gustavo Petro de un documento de inteligencia financiera sobre la presunta compra irregular del software espía Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque en 2021, acaba de pasarle una dura factura a Colombia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación de grupos terroristas.
Egmont Group, que reúne a las agencias de inteligencia financiera de 177 países, decidió suspender a Colombia de manera indefinida, lo que en la práctica implica que nuestro país no podrá acceder a la base de datos más importante del mundo con información confidencial sobre actividades financieras sospechosas.
En un comunicado difundido anoche, Egmont Group recuerda que las Unidades de Información y Análisis Financiero de los países miembros, “deben permanecer libres de cualquier influencia o interferencia política o gubernamental indebida que pueda comprometer su independencia y poner en peligro a sus miembros, con riesgo de exposición a violación de datos sensibles o violaciones de confidencialidad”.
La misma entidad explica que la decisión de suspender a Colombia del acceso a la base de datos sobre lavado de activos, tiene que ver con “acciones recientes que involucran a la UIAF y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros”.
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Anoche el presidente Gustavo Petro defendió su decisión de divulgar información confidencial en cadena de televisión el pasado 4 de septiembre, argumentando que ese es el costo de la verdad, se justifica en la ley de inteligencia colombiana para su divulgación y dice que gracias a esa acción se habría confirmado la compra de Pegasus por parte de la Dipol en el gobierno de Iván Duque con 11 millones de dólares.
La verdad es que la divulgación del informe de la agencia de inteligencia financiera israelí IMPA por parte del Presidente Petro, no produjo la llegada a la verdad del caso, porque se trata de un documento, que si bien es muy importante para la investigación de las autoridades colombianas para determinar si hubo o no compra de Pegasus, no tenía como requisito que fuera divulgado íntegramente para el avance del caso.
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Entre otras cosas, incluso expertos como el exsubdirector de la UIAF y hoy jefe de sistemas de la Casa de Nariño, René Guarín, considera que el informe de la IMPA no debió ser entregado en bruto al presidente Petro, sino que debieron haberle entregado un análisis de contexto y mostrándole pros y contras de la información de inteligencia financiera contenida en el mismo, lo cual le correspondía al director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica.
Hoy se necesita que la Fiscalía diga pronto si hubo o no compra de Pegasus y en caso de que se haya dado, se deben determinar y explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y los presuntos responsables de ese hecho, además de los presuntos blancos de seguimiento y si se habría utilizado o no con orden judicial.
En el caso del ministerio de Defensa, la Policía, en particular la Dipol y la Dirección Nacional de Inteligencia deben contarle al país la verdad sobre Pegasus, sin cambiar la versión que entregan en público sobre un tema de gran sensibilidad y de la mayor gravedad.
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