Finalmente, dos meses y medio después de haber abierto la puerta a la eutanasia para casos de enfermedades no terminales en Colombia , la Corte Constitucional publicó la sentencia que contiene detalles de la decisión.
La Corte desarrolla la sentencia con argumentos que permitan entender que la autonomía y la autodeterminación al momento de pedir que se aplique la muerte digna, también se ejerza para enfermedades que no son terminales pero que “son graves e incurables y producen sufrimiento intenso”.
Los magistrados consideran que exigir un pronóstico de muerte próxima para aplicar la eutanasia, va en contra de esos dos principios, autonomía y autodeterminación porque impone continuar la vida en condiciones indignas o humillantes.
Agregan los magistrados que “imponer a una persona que soporte el sufrimiento intenso derivado de una enfermedad grave e incurable es inadmisible desde el punto de vista constitucional e implica enfrentarla a un trato cruel, inhumano y degradante”.
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La Corte hace también un análisis de las evaluaciones de dolor y sufrimiento y además, hace un ejercicio de derecho comparado de experiencias de muerte digna en otros países como Portugal, Suiza y Nueva Zelanda.
Los magistrados responden en la sentencia a las voces de quienes consideran que la sentencia abre la puerta a la eutanasia de manera indiscriminada, porque señala con total claridad que solamente podrían acceder a la muerte digna las personas que “ya padecen o han sido médicamente diagnosticadas con una enfermedad grave e incurable”, y argumentan que “ello permite descartar la posibilidad de que una persona simplemente argumente sentir dolor sin ningún soporte razonable”.
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En el fallo, la Corte señala que en los casos en los que una persona no está en condiciones de comunicar que tiene dolor o sufrimiento intenso, se debe acudir a las figuras del consentimiento sustituto y de voluntad anticipada.
Además, se explica que el consentimiento del paciente es el núcleo del derecho a la muerte digna, indica que “la intervención médica es necesaria para dar información y orientación para que el consentimiento sea informado” y concluye que “el consentimiento debe ser inequívoco y constante en el tiempo”.
El fallo deja en manos del Congreso y del Ministerio de Salud la posibilidad de hacer operativo el derecho a morir dignamente y deben actualizar sus regulaciones de acuerdo con la nueva providencia de la Corte.
Y mucha atención porque los magistrados dejan muy claro que lasIPS y los profesionales de la salud no pueden exigir el requisito de enfermedad en fase terminal para aplicar la eutanasia.
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El fallo también niega una objeción por parte del Ministerio de Salud que pedía que se privilegiaba los cuidados paliativos antes de aplicar la eutanasia.
“No puede imponerse a la persona agotar una faceta antes que la otra ni tampoco aceptar un tratamiento que considera desproporcionado, sino que corresponde al paciente determinar cual es el cauce que mejor se adecua a su condición de salud, a sus intereses vitales y a su concepto de vida digna”, dice la Corte Constitucional.
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Los magistrados concluyeron que “la condición de enfermedad terminal constituye una barrera al ejercicio fundamental del derecho a la muerte digna, una restricción desproporcionada a la dignidad humana en sus dimensiones de autonomía e integridad física y moral”.
Finalmente, la Corte Constitucional reiteró la exhortación al Congreso para que legisle con el fin de garantizar el derecho a morir dignamente, para eliminar las barreras existentes.
Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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