El testimonio ante la Fiscalía de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, puede complicar la situación jurídica del ministro Ricardo Bonilla y de los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Liliana Bitar y Juan Diego Muñoz.
Benavides confirmó lo que ya habían declarado ante la justicia el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla y encaja en el análisis de bitácoras y del registro de las cámaras de seguridad que permitieron documentar varias reuniones del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla con los parlamentarios que a partir de hoy tendrán que responder en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
Según los testimonios de Benavides, Olmedo y Sneyder corroborados con evidencias técnicas, el gobierno del Presidente Gustavo Petro, a través de dos de sus ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, habría montado una operación de “compra” de la decisión de seis congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes estaban dilatando su voto, poniendo en riesgo el otorgamiento a la Nación de por lo menos siete créditos concedidos por organismos multilaterales, por cerca de mil millones de dólares.
De acuerdo con los elementos que tienen en su poder la Fiscalía y la Corte Suprema, los ministros Bonilla y Velasco les habrían ofrecido a los seis parlamentarios, vía Olmedo López y Sneyder Pinilla, el control de tres contratos de mitigación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Cotorra, Córdoba, Carmen de Bolívar y Saravena, Arauca, por 92 mil millones de pesos, a cambio de que emitieran su concepto sobre los empréstitos pendientes. En este punto vale la pena recordar que ese es un trámite meramente formal y que los congresistas podrían incluso votar en contra, sin efectos negativos para el Gobierno.
Según los testimonios y pruebas técnicas recaudadas, los congresistas destrabaron el trámite y emitieron una serie de conceptos represados, a mediados de diciembre de 2023, coincidiendo con el ofrecimiento de los contratos de la UNGRD para que ellos pusieran los contratistas de su confianza, para gestionarlos. Sin embargo, el desembolso no alcanzó a realizarse porque en febrero de este año estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que le costó el puesto a Olmedo López.
Se debe respetar la presunción de inocencia y por supuesto la justicia tendrá que definir con prontitud si considera que hay o no elementos para determinar que tanto los funcionarios del gobierno como los congresistas, pudieron cometer el delito de cohecho por dar u ofrecer.
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Este escándalo desde ya tiene un costo político alto para el gobierno del presidente Gustavo Petro, primero porque llegaron al poder con la bandera anticorrupción y con la supuesta idea de cambiar las costumbres políticas y segundo, porque el ambiente está muy enrarecido en el Congreso, lo cual podría terminar hundiendo varios proyectos de iniciativa del Ejecutivo, entre ellos la polémica Ley de Financiamiento y la reforma a la Salud.
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