Es inconveniente e innecesario que se enfrasquen en discusiones sin sentido sobre una constituyente

El “fantasma” de la posibilidad de que el país termine embarcado en una incierta aventura de unaAsamblea Nacional Constituyente sigue generando preocupación en diferentes sectores, a pesar de que el presidente Gustavo Petro asegura que su gobierno no presentará un proyecto de ley en ese sentido ante el Congreso de la República.

Aunque Petro ha insistido en que no le interesa una eventual reelección, no ha sido tan categórico en cerrar la puerta a la posibilidad de que se active alguno de los mecanismos de participación ciudadana que, según él, representan el Poder del Constituyente Primario, no solo para implementar el acuerdo de paz con las Farc, sino también para sacar adelante las reformas sociales que su gobierno no ha podido tramitar positivamente a través del Congreso de la República.

El mayor “ruido” frente a la posible convocatoria a una Constituyente lo sigue generando el excanciller Álvaro Leyva, muy cercano al presidente de la República y quien ha insistido, junto a otras voces como la del exfiscal general Eduardo Montealegre, en que el jefe de Estado sí podría hacer dicha convocatoria sin pasar por el legislativo, sino que lo podría hacer vía decreto, argumentando la necesidad de cumplir el acuerdo de paz con las Farc, que según ellos tiene carácter de acuerdo internacional, consignado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El asunto ha alcanzado tal dimensión, que el expresidente Juan Manuel Santos, responsable político del acuerdo con las Farc, tuvo que enviar en las últimas horas una carta al secretario general de la ONU , Antonio Guterres, en la que le explica que “algunos funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo, un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad”.

El expresidente Santos agrega en su carta al secretario general de la ONU que “ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente”. A renglón seguido hace una férrea defensa de la JEP y advierte que “nada en el Acuerdo Final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones” por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como lo pretende el Presidente Gustavo Petro bajo el controvertido paraguas del “perdón social”.

Es tan disparatada la posibilidad de una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para implementar el Acuerdo de Paz, que hasta los jefes de las extintas Farc , encabezados por Rodrigo Londoño, advirtieron en un comunicado que un paso de semejante calado debe ser apoyado por un clamor generalizado en campos y ciudades, que no depende de una sola voluntad y agregaron que les preocupan las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en el sentido de que según él, solamente se podría cumplir lo pactado en 2016, por medio de una Constituyente.

Aunque todo indica que esta discusión no tiene posibilidad alguna de ser ganada por quienes pretender convocar a una Constituyente pasando por encima de la Constitución del 91 , lo más dañino del escenario de incertidumbre que produce es la distracción frente a los problemas reales del país, que deben ser solucionados por medio del trabajo armónico de las diferentes ramas del poder público.