El exmagistradoFrancisco Javier Ricaurte ingresó a la historia criminal del país, como el primer expresidente de la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia en Colombia, en ser condenado, en su caso, por ser uno de los cerebros delincuenciales del denominadocartel de la toga.
Ricaurte, oriundo de Cartagena, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue condenado a 19 años de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido cuatro delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y uso indebido de información privilegiada.
En una larga providencia de 194 páginas, el juez Guillermo Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”.
El juez señaló que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios.
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Según los investigadores, desde el 2013 hasta el 2016 Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo moreno, Leonardo Pinilla, Gustavo Malo, entre otros, dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal.
La forma en la que operaba esta red criminal, implicaba reuniones de sus integrantes en casa de Ricaurte, de Bustos y en hoteles, restaurantes y fuera del país.
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Según la Fiscalía, Ricaurte y Moreno se conocieron por medio deLeonidas Bustos en 2013 en el apartamento de Bustos, Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera como en adelante procederían frente a lo que ellos llamaban clientes, que eran los beneficiarios del tráfico de influencias.
Ricaurte y Bustos tenían los contactos, especialmente de políticos, congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tuvieran investigaciones, indagaciones o procesos en la Corte o en la Fiscalía.
Los servicios criminales que ofrecían desde el cartel de la toga eran muy variados:
- Conseguían información privilegiada de procesos
- Retardaban los tramites
- Instrumentalizaban medios de comunicación para desacreditar testigos
- Alteraban evidencias
- Les pagaban a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos.
Según los testigos, Ricaurte recibió 400 millones del exsenador Álvaro Ashton- investigado por parapolítica desde 2017.
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Ricaurte pidió 2 mil millones de pesos contra el exsenador Musa Besaile – en cuyo caso se frenó una orden de captura por parapolítica que el propio expresidente de la Corte conocía.
Ricaurte, vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, habría buscado favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
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Además, habría favorecido al exsenador Julio Manzur al haberle informado anticipadamente sobre una orden de captura en su contra.
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