El Gobierno debe definir pronto los alcances de Salvatore Mancuso como “gestor de paz”

Salvatore Mancuso, uno de los más sanguinarios criminales en la historia del conflicto armado colombiano, finalmente quedó libre luego de permanecer detenido durante 18 años en cárceles de Colombia y Estados Unidos.

Mancuso, el sucesor de Carlos Castaño, responsable de más de 24 mil crímenes, entre ellos dolorosas masacres como las de El Aro y La Granja, El Salado, Macayepo y muchas otras que dejaron más de 6.500 víctimas, salió de la cárcel La Picota en donde permaneció detenido desde el pasado 27 de febrero, luego de una orden de una juez de Ejecución de Penas, aunque todavía hay una decisión clave pendiente que debe adoptar la Corte Constitucional.

A partir de la tarde de este miércoles, Salvatore Mancuso está libre y protegido por un esquema combinado de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía tras las denuncias de amenazas de muerte en su contra que hizo el exjefe paramilitar.

En este extraño escenario, se escucharon las voces de las víctimas de sus crímenes, muchas de ellas sin haber recibido verdad ni reparación por parte del excabecilla de las AUC, quienes han manifestado su desacuerdo con la liberación de Mancuso, argumentando que no ha cumplido con sus compromisos con ellas.

Una vez en libertad, viene la necesaria definición por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de los alcances del rol de Salvatore Mancuso como “gestor de paz”, para evitar malas interpretaciones y eventuales extralimitaciones en ese contexto.

Mancuso ha prometido que liderará a los exjefes paramilitares para que se cierre definitivamente el proceso con las antiguas AUC y también ha señalado que encabezaría la posibilidad de que el Clan del Golfo inicie un proceso de acercamiento con el Gobierno Nacional, incluso ha mencionado la posibilidad de vincular al extraditado cabecilla alias “Otoniel”.

Los ojos de la justicia y de la sociedad deben seguir de cerca las actuaciones de Salvatore Mancuso en libertad, para advertir cualquier intento de regreso a la criminalidad y para que haya total transparencia en sus tareas como “gestor de paz”.