A pesar de que el Consejo Nacional Electoral aplazó hasta el próximo 30 de septiembre la decisión sobre si formula o no cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación del tope de gastos en la campaña de 2022, el Gobierno insiste en que hay un golpe de Estado en curso y por eso ha decidido movilizar sus bases a las calles este jueves 19 de septiembre.
En ese contexto, además de agitar a los sectores petristas para que salgan a manifestarse, el presidente Gustavo Petro ha vinculado a su narrativa, dos asuntos clave que han contribuido a enrarecer el ambiente político en el país: la supuesta adquisición del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque y la instrucción a las Fuerzas Militares y de Policía para que, en sus palabras, “no apunten las armas contra el Pueblo”.
En el caso de la presunta compra del Spyware israelí Pegasus, que según el presidente Gustavo Petro habría sido adquirido para adelantar seguimientos contra los jóvenes en el marco del “estallido social” de 2021, en las últimas horas la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, respondió un derecho de petición asegurando que en esa dependencia “no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software Pegasus” y agrega que “no se ha destinado o asignado ningún rubro para la adquisición del mencionado software”.
Sobre Pegasus, esta semana se debe definir si Colombia definitivamente es retirado del Egmont Group tras la revelación que hizo el presidente Gustavo Petro de un informe reservado de las autoridades israelíes, que daría cuenta de la supuesta compra clandestina de ese software con dinero en efectivo. En ese escenario, incluso desde la Presidencia algunos funcionarios expertos en inteligencia como René Guarín aseguran que según las normas, el director de la UIAF debió haberle entregado al Presidente un informe con el análisis del informe israelí, y no el documento en bruto.
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Frente a la instrucción a las Fuerzas Armadas y de Policía para que no apunten sus armas contra el Pueblo a pocas horas de las protestas convocadas por el Presidente Petro contra un supuesto “golpe de Estado” en su contra, llama la atención que coincida con la directiva 0001 de 2024 firmada por la fiscal General Luz Adriana Camargo, que ha generado controversia por la ampliación de garantías para los manifestantes, incluso para quienes bloqueen vías, irrespeten la autoridad policial o participen en “alteraciones del orden público disruptivas”.
Las conclusiones de los dos nuevos escenarios de confrontación que plantea el presidente Petro tendrán definiciones prontas: en el caso del software Pegasus, la Fiscalía tendrá que contarle muy pronto al país si se hizo o no la compra y en caso de que se haga, tendrá que decir quiénes fueron los responsables.
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En el caso de la directiva 0001 de la Fiscalía, la prueba de fuego para su aplicación será la protesta del 19 de septiembre, convocada por el presidente Petro y en la que más allá de las directrices de la fiscal General, la justicia y las autoridades deben velar por el respeto de los derechos de quienes no participen de las manifestaciones.
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