Denuncia sobre supuestas chuzadas a Corte: prueba de fuego para la fiscal general de la Nación

Han pasado tres días desde cuando se conoció públicamente la denuncia de la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que sus magistrados estén siendo víctimas de interceptaciones telefónicas y perfilamientos, sin que el Gobierno del presidente Gustavo Petro haya emitido pronunciamiento alguno.

La historia comenzó la semana pasada, cuando la Sala Plena de la Corte se reunió con la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para exponerle las preocupaciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y de otros integrantes de ese Alto Tribunal frente a la posibilidad de que ellos estuvieran siendo víctimas de “chuzadas”, de seguimientos.

En esa reunión, la Corte le entregó a la fiscal Luz Adriana Camargo una copia de una carta con fecha del 14 de junio pasado, en la que el magistrado Ibáñez asegura que desde varias fuentes le han confirmado no solamente la intervención de sus comunicaciones por parte de entidades del Estado, sino que asegura que lo mismo le ha sucedido a sus magistrados auxiliares y lo relaciona con trascendentales decisiones que tiene en sus manos su despacho.

De acuerdo con las denuncias, en la operación estarían vinculados personas muy cercanas al presidente Gustavo Petro, entre ellos el director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González y el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, quienes por ahora no han respondido a las quejas en su contra.

Una vez conocida la situación, la Fiscal General Luz Adriana Camargo designó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que inicien una investigación y determinen si hay elementos que permitan confirmar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está involucrado en espionaje, o si por el contrario, simplemente se trata de rumores y versiones, que a decir verdad han sido generado bastante ruido.

No es la primera vez que se denuncia posible espionaje por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, hace menos de una semana, el senador David Luna citó a debate de control político al director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González para que explicara una supuesta operación ilegal llamada Orión. González negó que el Ejecutivo esté involucrado en ese tipo de actuaciones, aunque no descartó que algún funcionario de manera independiente lo esté haciendo.

Ante la gravedad de los hechos, este caso se convierte en la prueba de fuego para la recién llegada Fiscal General Luz Adriana Camargo, quien tendrá que demostrar con hechos su independencia frente al Ejecutivo y será la encargada de contarle al país si el Gobierno del Presidente Gustavo Petro está o no involucrado en espionaje a magistrados y opositores, que fue paradójicamente la misma denuncia que en su momento lideró el hoy jefe de Estado en 2008, cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, estuvo implicado en una feroz cacería contra la Corte Suprema, periodistas y líderes de la oposición.