El nombre de Violeta Arango comenzó a ser conocido por los colombianos hace cinco años, en junio de 2017, cuando según la Fiscalía, se graduó de terrorista, al formar parte de los guerrilleros del MRP, “fachada” del ELN, que cometieron un atentado en el Centro Comercial Andino, que dejó tres personas muertas y otras diez heridas.
Aunque Violeta Arango, alias ‘Violeta’, no ha sido condenada, actualmente afronta un proceso por homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, terrorismo, concierto para delinquir agravado y rebelión y se le vincula a otros nueve atentados cometidos en Bogotá, entre otros contra bancos, sedes de EPS y la DIAN.
De hecho, ‘Violeta’ permanecía detenida hasta el viernes pasado en la cárcel de Jamundí, Valle, tras haber sido detenida en un campamento del ELN en junio de este año, en Morales, Bolívar.
Por eso sorprendió que el ELN hubiera puesto como condición para avanzar en el proceso de paz que se instaló en Caracas, la liberación de alias “Violeta” para convertirla en gestora de paz y sorprendió aún más, verla sentada en la mesa principal junto a los negociadores.
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Por la crudeza del conflicto armado que no termina, la sociedad colombiana ha decidido en varias oportunidades, no sin agrias discusiones, “tragarse sapos”, es decir, aceptar una serie de beneficios para quienes han cometido los peores atentados, a cambio de permitir que dejen las armas y de que se reintegren a la sociedad.
El M-19, el EPL, los paramilitares, las Farc y ahora seguramente haremos lo mismo con el ELN, aunque hoy deberíamos ponernos en los zapatos de los familiares de Ana María Gutiérrez, Lady Paola Jaime y July Huyn, las tres mujeres asesinadas en el atentado terrorista en el centro Andino cometido presuntamente por alias “Violeta” y pedirle al ELN compromisos y gestos mínimos de paz.
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