La “paz total”, una de las principales políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, entró en crisis luego de una serie de incumplimientos a lo acordado por parte del ELN y de las disidencias de las Farc, cuyo cabecilla es alias “Iván Mordisco”.
El denominador común de la actual coyuntura es el desconocimiento de los acuerdos preliminares alcanzados por el Gobierno por parte de los dos grupos armados ilegales, cometiendo secuestros, ordenando “paros armados”, cometiendo atentados terroristas y presionando ilegalmente a la población en contra de los integrantes de la Fuerza Pública.
En el caso del ELN, los dos recientes hechos de coyuntura: el secuestro del papá de Luis Díaz y la inexplicable demora en su liberación y el paro armado que anuncia uno de sus frentes en Chocó, confirman que el autodenominado Comando Central no tiene unidad de mando y que por lo tanto, las órdenes que dan sus cabecillas, no son acatadas por los jefes de frente, lo cual implica un grave precedente a tener en cuenta en la mesa de negociaciones.
Adicionalmente, estos dos episodios muestran fallas en el incipiente mecanismo de monitoreo y verificación creado durante las negociaciones de paz, que ya cumplen varios meses sin que el país conozca cuáles son los avances concretos: hasta hoy no se conoce pronunciamiento alguno de los encargados de verificar si una de las partes incumple el cese del fuego, a pesar de que es evidente hace cerca de una semana que el ELN lo hizo con el secuestro de Luis Manuel Díaz.
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Por el lado de las disidencias de“Iván Mordisco” , la situación es mucho más compleja, porque en el afán de insistir en unas negociaciones de tipo político con un grupo dedicado principalmente al narcotráfico, a la extorsión y a otras actividades ilegales, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha cedido hasta el punto de haber intentado llevar a los delegados de ese grupo a la ceremonia de instalación de las elecciones el domingo 29 de octubre en Popayán y al punto de haber iniciado un cese del fuego sin que exista una instancia que lo verifique.
Son múltiples las denuncias sobre la violación del cese del fuego por parte de las disidencias en Huila, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, entre otros departamentos, en los que siguen presionando a la población para que marche contra el gobierno, continúan extorsionando y cometiendo actos terroristas.
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La gota que rebosó la copa fue el indignante secuestro de más de 100 soldados en El Plateado, en Argelia, Cauca, simplemente porque se negaron a salir de la zona, como es su deber constitucional de estar en cada rincón del territorio colombiano.
El diagnóstico es complejo: hay descoordinación entre el Comisionado de Paz Danilo Rueda, cada vez más ausente, y los equipos negociadores del gobierno frente a los dos procesos, no pareciera que hay diálogo entre los encargados de las conversaciones de paz y el Ministerio de Defensa, lo que ha conllevado a una serie de contradicciones e inconvenientes que dificultan tener una posición sólida frente a los grupos irregulares.
Adicionalmente, se le está agotando el “oxígeno” político a las negociaciones de paz total del presidente Gustavo Petro, porque en la práctica, los habitantes de los territorios y los colombianos en general no ven un verdadero avance en la mejora de sus condiciones de seguridad. Por eso es clave, como lo piden varios analistas, hacer un alto en el camino y replantear las condiciones bajo las cuales se buscan acuerdos con el ELN y las disidencias, que hoy parecieran tener “la sartén por el mango” en detrimento de los intereses de los colombianos.
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